La organización no gubernamental Ve Sin Filtro ha publicado el informe «Los Vigilantes en la Mira», documentando el despliegue de un complejo sistema de vigilancia tecnológica en Venezuela, el cual, según la ONG, permite identificar, monitorear y reprimir a la población.
La investigación estima una inversión superior a los 1.000 millones de dólares en esta infraestructura, que abarca desde la interceptación de telecomunicaciones hasta sistemas de reconocimiento facial. Andrés Azpurua, director de Ve Sin Filtro, indicó que «el aparato de vigilancia del Estado venezolano se ha mantenido activo, incluso, después del 3 de enero», fecha a partir de la cual se observaron nuevos patrones en la vigilancia.
El informe, que documenta las tecnologías utilizadas entre octubre de 2023 y enero de 2025, señala una expansión significativa de las capacidades represivas. Azpurua destacó un «aumento dramático en revisiones en el lugar por parte de funcionarios de seguridad a los dispositivos de las personas que estaban caminando por las calles» a partir del 3 de enero. Los funcionarios, según el informe, revisan fotografías, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp en busca de palabras clave específicas, lo que ha derivado en detenciones y extorsiones.
El sistema de vigilancia incluye cámaras con reconocimiento facial instaladas masivamente en espacios públicos, drones para monitorear protestas y ciberataques dirigidos desde cuerpos de seguridad estatales. Estas herramientas, según Ve Sin Filtro, se han utilizado para identificar y rastrear personas, así como para facilitar la detención de disidentes políticos e intimidar.
Ve Sin Filtro estima que entre el 20% y el 25% de todas las líneas telefónicas en Venezuela han sido objeto de extracción o interceptación de telecomunicaciones, incluyendo la ubicación en tiempo real. Azpurua advirtió que «los venezolanos tenemos que asumir que cualquier llamada a teléfono, cualquier mensaje de texto va a ser interceptado».
La infraestructura tecnológica proviene principalmente de China, que suministra equipos de telecomunicaciones, cámaras CCTV y sistemas de reconocimiento facial. También se documentó colaboración con Bielorrusia, cuyas empresas ofrecen capacidades de centralización de sistemas de vigilancia, y la exploración de software espía (spyware) para comprometer dispositivos de activistas, periodistas y opositores.
