Los juicios contra los adolescentes detenidos de manera arbitraria durante las protestas poselectorales han comenzado, mientras sus familias claman por su liberación o absolución inmediata. Según el informe de la organización no gubernamental Foro Penal, entre julio y septiembre de 2024 se denunció que 67 adolescentes, de entre 14 y 17 años, incluidas siete mujeres, continúan detenidos tras ser arrestados en estas manifestaciones.
Los jóvenes enfrentan cargos graves como terrorismo, obstrucción de vías públicas, hurto calificado, resistencia a la autoridad y uso indebido de insignias y uniformes. Además, algunos de ellos han denunciado haber sido sometidos a torturas, incluyendo golpes, descargas eléctricas y violencia sexual, denuncias que, hasta el momento, ni los tribunales ni la Defensoría del Pueblo han procesado.
Mariela Molina, madre de uno de los jóvenes detenidos en Carabobo, detalló que las audiencias iniciales del juicio se llevaron a cabo el 30 y 31 de octubre, y que la siguiente se encuentra programada para el 13 y 14 de noviembre. «Yo quisiera que esto ya acabara y dieran una absolución de todo este problema», expresó Molina al medio Tal Cual, añadiendo que la falta de acceso a pruebas cruciales, como videos, ha perjudicado la defensa de su hijo.
Entre los casos destacados, se encuentra el de Orlando, un prometedor jugador de béisbol arrestado el 30 de julio en La Isabelica, Valencia. Videos disponibles contradicen el reporte policial que lo acusa falsamente de tener material incendiario. Asimismo, el hijo de Patricia Rivas, quien también enfrentará audiencia el 13 de noviembre, ha denunciado haber sido torturado con descargas eléctricas en el fuerte Paramacay.
Rivas manifestó su desesperación ante la situación: «Todo esto es un show donde los más inocentes son los que están pagando. Unos chicos que ni siquiera votan (…) Dice que prefiere morir que pasar 10 años de su vida encerrado por algo que no hizo», comentó, preocupada por los efectos psicológicos que esta experiencia está teniendo en su hijo. También denunció violaciones sistemáticas a los derechos de los detenidos, como la negación de plazos legales, acceso a abogados y pruebas médicas.
Los adolescentes permanecen recluidos en diversas instalaciones, incluyendo cárceles y centros para adolescentes ubicados en diferentes regiones del país: Carabobo (18), Lara (7), Distrito Capital (6), La Guaira (5), Anzoátegui (5), Yaracuy (4) y Nueva Esparta (4).
El Foro Penal también reportó la detención de 168 jóvenes entre 18 y 19 años, que de acuerdo con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y Unicef, son considerados adolescentes. Las familias afectadas y organismos de derechos humanos continúan exigiendo respuestas y justicia para quienes consideran presos políticos.
El Nacional
