El presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, ha solicitado este martes que los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, junto a otros tres opositores, sean juzgados y condenados por «traición a la patria». Este delito en Venezuela se castiga con la pena máxima de hasta 30 años de cárcel.
El diputado también ha hecho un llamado para procesar al exalcalde Leopoldo López y a los expresidentes del Parlamento Juan Guaidó y Julio Borges, quienes, al igual que González Urrutia, se encuentran en el exilio. Guaidó y Borges, junto con González Urrutia—candidato presidencial de la oposición mayoritaria—se enfrentan a acusaciones similares. Por su parte, Machado asegura permanecer en la clandestinidad dentro del país.
Propuesta de nueva legislación
Minutos antes de su declaración, Rodríguez propuso establecer «nuevas formas» de actuar contra aquellos a quienes denomina «criminales» por pedir y celebrar sanciones internacionales contra Venezuela. Este proyecto se materializaría en una «ley especial» que el Legislativo tiene planeado discutir a partir del jueves y aprobar la próxima semana. La normativa establecería la inhabilitación política de manera perpetua para quienes cometan actos tales como solicitar sanciones, una acción que, según Rodríguez, ha sido llevada a cabo por González Urrutia, actualmente en España. Cabe señalar que la mayor coalición opositora identifica a González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones de julio, a pesar de que el ente comicial proclamó vencedor a Nicolás Maduro.
Rechazo a medidas de Estados Unidos
Rodríguez introdujo esta nueva normativa durante la discusión de un acuerdo que rechaza un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este proyecto complementa las normas que prohíben a instituciones federales del gobierno norteamericano contratar personas o empresas con lazos comerciales con el Ejecutivo de Maduro.
Según el parlamentario, dicho proyecto es un «nuevo acto de barbarie» que persiste en una de las «acciones más agresivas» contra Venezuela, describiendo las sanciones como «crímenes de lesa humanidad». El acuerdo, aprobado por la plenaria, expresa el repudio al «ilegal» proyecto de ley, que según la Asamblea Nacional busca «incrementar la imposición criminal de medidas coercitivas unilaterales» contra el país.
Esta situación plantea un escenario de creciente tensión política y diplomática, con implicaciones que podrían definir la interacción futura entre Venezuela y otros actores del escenario internacional.
