Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social de 31 años, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de incitación al odio, luego de denunciar fallas en los servicios públicos de su comunidad de Apartadero, en el estado Cojedes, a través de redes sociales y de la aplicación oficial VenApp. El joven se encuentra privado de libertad desde hace 10 meses y cumple condena en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa, desde el 11 de noviembre de 2025.
Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde reside su familia. En el punto de control La Cascada, en la autopista José Antonio Páez, municipio Agua Blanca del estado Portuguesa, funcionarios de la Guardia Nacional solicitaron las cédulas de identidad a los pasajeros. Tras verificar los datos, lo bajaron del autobús e informaron que existía una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente se conoció que la orden había sido emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes, identificada con el número MP-3487-2025, de fecha 9 de enero de 2025, por el delito de incitación al odio previsto en el artículo 20 de la Ley contra el Odio.
Según sus familiares, las denuncias de Alvarado se centraban en el desbordamiento de aguas negras en su comunidad, lo que impedía el uso del baño en su vivienda y lo obligaba a trasladarse a la casa de su abuela, en otro sector, para asearse y cubrir sus necesidades básicas. Señalan que Juan es un paciente crónico que requiere atención y cuidados permanentes. Aseguran además que reportó por la Ven App la avería de transformadores eléctricos que botaban aceite y no eran reparados pese a los reiterados avisos.
De acuerdo con sus allegados, estas denuncias fueron realizadas a través de la Ven App, la plataforma oficial del Estado, y eran conocidas por integrantes del consejo comunal de tendencia oficialista. “Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo”, relató un familiar. También afirman que los recursos para las reparaciones fueron asignados, pero las obras nunca se ejecutaron, y sostienen que “la condena contra Juan es una represalia política del ex alcalde chavista Uliber Quintero” por haber denunciado públicamente la falta de ejecución de esos trabajos. “La denuncia de las cloacas está en Aguas Cojedes, pero se niegan a entregarnos el informe. Juan, como estudiante de periodismo, hacía lo que estaba aprendiendo: informar”, señalaron.
En sus declaraciones ante el tribunal, Juan ha insistido en que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos en Apartadero. Entre los problemas que describió, mencionó el colapso de las cloacas y las limitaciones para usar el baño de su casa, así como la situación de los transformadores eléctricos dañados. Según lo expuesto por sus familiares, estas comunicaciones se realizaron por los canales oficiales y mediante publicaciones en medios digitales.
La audiencia de presentación se llevó a cabo de manera telemática el miércoles 26 de marzo de 2025 ante el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de Cojedes, presidido por el juez Silvio Victorio Vergara Aguilar, en enlace con el Tribunal Tercero de Control de Acarigua, a cargo del juez Luis Torrealba. Aunque la causa correspondía al estado Cojedes, Juan nunca fue trasladado a esa entidad. Desde su detención permaneció bajo custodia de las autoridades del estado Portuguesa, inicialmente en la Segunda Compañía del Destacamento 312 de la GNB, en La Cascada, y posteriormente en el Centro Penitenciario Los Llanos (Cepella).
Todas las audiencias posteriores se realizaron también de forma telemática. Incluso la audiencia de juicio se celebró vía telefónica, alegando problemas de conectividad. A pesar de ello, el Tribunal Quinto de Juicio dictó una condena de 15 años de prisión el 11 de noviembre. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó el acta de declaración de un supuesto miembro del Comité de la Juventud del PSUV de Apartadero, pero esta persona nunca compareció ante el tribunal cuando fue citada.
La defensa privada de Alvarado introdujo un recurso de apelación el 25 de noviembre, en el que denunció la violación del principio de inmediación, que exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias para garantizar la valoración de las pruebas y el derecho a la defensa. Los abogados sostuvieron que no se demostró el delito imputado. En el juicio solo declararon dos personas: un funcionario de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana, quien inició la investigación a partir del patrullaje cibernético, y un supuesto experto que no pudo verificar técnicamente los hechos.
Como elementos probatorios, el Ministerio Público presentó capturas del perfil de Instagram de Juan y mencionó un enlace anclado que redirigía a la cuenta en X de la Comisión Nacional de Primarias de 2023. Durante el interrogatorio, el propio experto reconoció que en esa cuenta solo se publicaban datos de votación. Según las actas procesales, fue a través de revisiones de redes sociales y dispositivos que las autoridades identificaron publicaciones de Juan en Instagram y Facebook relacionadas con protestas. Esas publicaciones fueron interpretadas como llamados a una rebelión civil, sin que se presentaran, de acuerdo con la defensa, análisis técnicos concluyentes.
Dieciocho días después de escuchar la sentencia, Juan celebró su cumpleaños en reclusión. Su caso se inscribe en un contexto de intensificación de la criminalización de la protesta y de la libertad de expresión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro y la oposición denunció fraude. En este escenario, el Estado activó con mayor fuerza el llamado “patrullaje cibernético”, una práctica de vigilancia digital, monitoreo de redes sociales y revisión forzada de dispositivos que ha derivado en decenas de detenciones en distintas regiones del país.
De acuerdo con la información disponible, Juan Alvarado es uno de los cinco periodistas que permanecen detenidos en Venezuela. Entre el 8 y el 15 de enero de este año, 19 trabajadores de la prensa fueron excarcelados en un contexto de presión internacional.
#URGENTE | El estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, fue condenado a 15 años de cárcel sin pruebas que lo vinculen con los hechos imputados. Se utilizó su denuncia a través de VenApp sobre un problema de aguas servidas
— SNTP (@sntpvenezuela) January 22, 2026
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