Un grupo de jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ha alzado su voz para exigir la liberación de todos los trabajadores detenidos en el contexto poselectoral, así como la libertad inmediata para los presos políticos del estado Bolívar. Esta petición se enmarca en un clima de creciente tensión política en la región.
«Estamos empezando el año 2025 con mucha fuerza para continuar la lucha. Seguimos expresando nuestra solidaridad a nuestros hermanos de lucha, actores políticos, dirigentes sindicales y luchadores sociales que se encuentran tras las rejas por el solo hecho de levantar su voz por los derechos del pueblo», declaró Gustavo Barrios, secretario de organización del sindicato de la Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven). En sus declaraciones, Barrios demandó al Ministerio Público y a Nicolás Maduro la presentación de pruebas de vida de individuos como Ramón Bejarano, Américo De Grazia y Carlos Chancellor, así como de todos los presos políticos, de quienes se desconoce su estado de salud.
El diario regional Correo del Caroní ha documentado que, en el marco de la tensión política derivada de la toma de posesión del pasado 10 de enero, al menos seis personas han sido detenidas en el estado Bolívar. Estas detenciones afectaron a individuos identificados con la disidencia política o que habían realizado reclamos contra la administración de Nicolás Maduro.
Entre los arrestados se encuentran Romel Zabala, trabajador de CVG Bauxilum; Juan Valor, exdirigente sindical de CVG Sidor; y Jesús Ramírez, jubilado de CVG Bauxilum. Asimismo, el 17 de diciembre fue privado de libertad Ramón Bejarano, defensor de derechos humanos y activo participante en las protestas semanales de los adultos mayores.
Desde el 29 de julio del año 2024, se estima que más de 50 detenciones han tenido lugar en el contexto poselectoral en el estado Bolívar. Los pensionados han destacado que esta situación ha sido utilizada para tomar represalias contra activistas y dirigentes con una «gran trayectoria», entre los que se incluyen exalcaldes opositores de Piar y Sifontes, además de defensores de derechos humanos, según reseñó el diario.
La situación en el estado Bolívar sigue siendo un reflejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesan varias regiones del país, y la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos.
El Nacional
