En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado al Estado de Venezuela por la detención arbitraria e ilegal del general de Brigada retirado, Ovidio Jesús Poggioli Pérez. Este pronunciamiento subraya una violación significativa de diversas garantías judiciales y derechos fundamentales.
La sentencia, ya notificada a las partes implicadas, responsabiliza a Venezuela de violar los derechos a la libertad personal, integridad personal, honra, así como las garantías judiciales y la protección judicial de Poggioli. Según el dictamen, estas violaciones ocurrieron tras su detención ilegal sin previo aviso y sin orden judicial. La medida fue ejecutada por la Dirección de Inteligencia Militar sin presentarse una situación de flagrancia, dejando al detenido en la incertidumbre sobre los motivos de su aprehensión.
Los eventos que desembocaron en esta decisión ocurrieron durante la agitación social en Venezuela entre diciembre de 2001 y abril de 2002. Fue el 19 de abril de aquel año cuando se iniciaron procedimientos en el ámbito de la jurisdicción penal militar contra Poggioli, sin especificar con claridad los cargos. Aunque en 2002 la defensa del exgeneral logró que la Sala Constitucional suspendiera el proceso a través de una acción de amparo constitucional, esa victoria resultó ser temporal.
El enredo judicial continuó en diciembre de 2003, cuando Poggioli fue nuevamente detenido sin orden judicial. En 2004, enfrentó otro proceso por cargos de instigación a la rebelión militar, siendo finalmente condenado en 2005 a dos años y cinco meses de prisión. Obtuvo su libertad en 2006, pero no sin antes experimentar un juicio llevado por una justicia militar a pesar de no ser un militar activo, lo que la Corte calificó como una violación a su derecho a ser juzgado por un tribunal competente.
La CorteIDH enfatizó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no fundamentó adecuadamente un recurso de amparo, añadiendo a las múltiples vulneraciones de las garantías judiciales que sufrió Poggioli. En respuesta a estas transgresiones, la Corte ha ordenado a Venezuela tomar medidas correctivas, incluyendo la anulación de los procesos penales militares contra Poggioli y establecer límites precisos para que la jurisdicción militar solo se aplique a militares en activo. Adicionalmente, Venezuela deberá compensar al general retirado por daños materiales e inmateriales, así como por los gastos legales incurridos.
Este fallo de la CorteIDH resalta la necesidad de salvaguardar los derechos humanos y asegurar que los sistemas de justicia operen dentro de los marcos legales apropiados, reafirmando el compromiso internacional en la defensa de los derechos fundamentales de los individuos.
