El avance de la minería ilegal en el río Icabarú, en el estado Bolívar, ha alcanzado niveles críticos, con un impacto ambiental que se expresa en la contaminación de las aguas, la deforestación de selva virgen y el deterioro de una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, en un contexto dominado por la economía de supervivencia y el control de mafias.
Imágenes y testimonios de los habitantes de la zona muestran cómo las aguas del Icabarú, antes cristalinas, hoy lucen turbias y contaminadas por el lodo y el mercurio. Este proceso no solo afecta la calidad del agua, sino que destruye el lecho del río y contribuye a la pérdida de cobertura boscosa en amplias hectáreas de selva virgen, considerada parte del patrimonio natural de todos los venezolanos.
De acuerdo con la información disponible, los actores involucrados en la minería ilícita han intensificado sus labores en 2026, operando al margen de las normativas ambientales y sin considerar los derechos de las comunidades originarias asentadas en el estado Bolívar. La ausencia de un plan de seguridad fronteriza sólido ha facilitado la llegada de equipo pesado a zonas de difícil acceso, transformando al Icabarú en una zona de sacrificio ambiental.
A pesar de la vigilancia aérea de Estados Unidos sobre el territorio y de los cambios administrativos aplicados recientemente, el flujo de maquinaria continúa llegando a la región, alimentando lo que se describe como una economía destructiva basada en la extracción ilegal de oro. En este contexto, se plantea que el oro sigue teniendo más peso que la protección de la vida silvestre y de los ecosistemas locales.
Los expertos alertan que las implicaciones de este ecocidio son determinantes para el futuro del agua en Venezuela. El análisis técnico sugiere que, si se mantiene el ritmo actual de sedimentación, el río Icabarú podría perder su cauce natural en pocos años, lo que provocaría sequías locales y la desaparición de especies endémicas asociadas a este sistema hídrico y a su entorno selvático.
Desde una perspectiva de ejercicio responsable del periodismo, se destaca que la recuperación de la soberanía en el estado Bolívar pasa necesariamente por el desmantelamiento de las redes mineras que operan de manera ilegal. Mientras el país busca una nueva ruta institucional, el Icabarú se presenta como un punto crítico que, según las denuncias y análisis recogidos, exige una defensa efectiva frente a la expansión de actividades mineras que comprometen el futuro de las próximas generaciones.
#Atencion #Venezuela
— Fritz Sanchez (@Fritz_A_Sanchez) January 28, 2026
Continúa la devastación extractivista aurífera ilegal en tierra firme cerca de las riberas del río Icabarú gracias a un suministro constante de combustible que pasa sin problemas las diversas alcabalas militares #GranSabana
📸 Icabarú, Puerto Nuevo pic.twitter.com/spNlrNBBEk
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