La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha emitido un contundente informe en el que se revelan acusaciones serias contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según el informe, hay motivos razonables para creer que el régimen cometió «crímenes de lesa humanidad». Estas acusaciones se sitúan en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se registraron persecuciones de opositores y una severa represión de las protestas subsiguientes.
En un detallado documento de 158 páginas, que cubre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de una serie de graves violaciones a los derechos humanos. Entre estas se incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
El informe enfatiza que las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y trato cruel y degradante hacia los manifestantes. Las entidades señaladas incluyen a los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (Dgcim), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
El clima de hostilidad y violencia fue agravado por declaraciones de las máximas autoridades del Estado, especialmente después de los comicios. Estas declaraciones fueron interpretadas como incitaciones a la represión, generando así un ambiente cada vez más opresivo.
Otras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, también fueron objeto de crítica por incumplir medidas básicas de transparencia e integridad. La Asamblea Nacional fue descrita como «instrumental en la aprobación de leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico democrático», mientras que el sistema de justicia nacional continúa operando con falta de independencia.
A pesar de acusaciones previas realizadas por la misión desde su constitución en 2019, este nuevo documento subraya que durante el periodo electoral el perfil de las víctimas de la represión se amplió. Ya no solo se veían afectados líderes de la oposición o sociales, sino también ciudadanos comunes que simplemente expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.
La misión, liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, señala que en los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración en operaciones como la llamada Operación Brazalete Blanco. Durante la campaña, además, se produjeron otras 121 detenciones por actividades vinculadas a la oposición.
Finalmente, el informe manifiesta que la represión se intensificó tras conocerse los resultados electorales, con las autoridades lanzando una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes, comparable únicamente con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
Este revelador y minucioso documento, desarrollado por un equipo de expertos que incluye a Francisco Cox de Chile y Patricia Tappatá de Argentina, expone una preocupante situación de represión selectiva y detalla los desafíos que enfrentan los derechos humanos en Venezuela.
