La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en quien el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, depositó la responsabilidad de la nueva relación bilateral y que se perfila para liderar la transición en su país, forma parte de la lista de 69 personas sancionadas por la Unión Europea por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en Venezuela.
La Unión Europea introdujo sanciones contra Venezuela en noviembre de 2017 e incluyó a Delcy Rodríguez en la lista en junio de 2018. Las medidas afectan actualmente a 69 individuos, muchos de ellos altos cargos próximos al presidente Nicolás Maduro, y consisten en la congelación de activos, la prohibición de suministrarles fondos o recursos económicos de forma directa o indirecta, así como la prohibición de viajar al territorio de la Unión Europea.
El 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron prolongar por un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones impuestas por la crisis en Venezuela. Entre las personas incluidas en la lista figuran, además de Rodríguez, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), fallecida; Antonio José Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana; Maikel José Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo, y Tarek William Saab, fiscal general.
Según señaló el Consejo de la UE en diciembre, las sanciones responden a “las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″. La UE ha reiterado que el objetivo de estas medidas es “apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela”.
En el ámbito judicial, el 14 de julio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó el recurso presentado por Delcy Rodríguez contra las sanciones que le impuso la UE en 2018, al considerar que contribuyó a socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La corte, con sede en Luxemburgo, rechazó también los recursos interpuestos por otras diez personas próximas al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello. En cambio, aceptó el recurso del expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela Maikel Moreno, al concluir que la decisión de incluirlo en la lista de sancionados no estuvo suficientemente fundada.
La relación de Delcy Rodríguez con España ha estado marcada por un episodio diplomático ocurrido en enero de 2020, cuando realizó una escala en el aeropuerto de Madrid y mantuvo un breve encuentro con el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, en la zona de tránsito. El hecho generó una fuerte polémica debido a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones de la UE al gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno español sostuvo que la vicepresidenta venezolana no llegó a entrar legalmente en suelo nacional y que se cumplió con las sanciones europeas. La controversia se trasladó al Parlamento Europeo, donde se debatió si España había incumplido el régimen de sanciones. El alto representante de la UE, Josep Borrell, precisó que la Comisión Europea no podía iniciar un procedimiento de infracción porque la aplicación de las sanciones corresponde a los Estados miembros. Posteriormente, la Fiscalía de Madrid archivó el caso al considerar que Rodríguez no había intentado entrar en España.
En 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abierta una solicitud destinada a aclarar si España infringió el régimen de sanciones en 2020, mientras que Bruselas reiteró que no tiene competencia para sancionar a los Estados por la forma en que aplican estas medidas.
EFE
