El Observatorio Venezolano de Prisiones ha destacado la compleja situación penitenciaria en Venezuela, describiendo tres sistemas distintos que reflejan un panorama crítico. En primer lugar, los calabozos policiales (centros de detención preventiva), son espacios diseñados para detenciones breves de hasta 48 horas, pero carecen de personal capacitado y condiciones adecuadas. En segundo lugar, las cárceles convencionales presentan infraestructura deteriorada, hacinamiento, condiciones deplorables, y una falta alarmante de atención médica y servicios básicos. Por último, existe un sistema específico para los presos políticos, una respuesta a la disidencia contra el régimen actual, que abarca líderes políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela han desencadenado una crisis política y de derechos humanos. Nicolás Maduro, tras ser proclamado vencedor, respondió a las manifestaciones pacíficas con medidas represivas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Se estima que aproximadamente 2,229 personas fueron detenidas en este contexto.
Los Sistemas de Protección de Derechos Humanos han denunciado la situación, destacando un «clima de miedo» y un «riesgo de desintegración del Estado de Derecho». El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado las prácticas del régimen y solicitado el fin de las violaciones a los derechos humanos.
Las cárceles de Tocorón y Tocuyito fueron reabiertas para albergar a disidentes, tras las intervenciones de 2023. Sin embargo, las promesas de mejora de instalaciones y traslados temporales no se han cumplido, exacerbando el problema de hacinamiento. El deterioro y falta de seriedad en la gestión han llevado a la muerte de tres personas detenidas en el contexto poselectoral por falta de atención médica adecuada.
Las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) continúan operando con conflictos de competencias. A pesar de las directrices para transferir las funciones de custodia al Ministerio para el Servicio Penitenciario, estas no se han implementado, dejando a los detenidos en una situación de desprotección.
Desde su creación en 2011, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no ha logrado resolver el complejo problema carcelario en Venezuela. A pesar de las expectativas iniciales, problemas como el hacinamiento, la corrupción, y la falta de personal capacitado persisten. La crisis de abandono sostenido es un reto que demanda políticas públicas efectivas y un reconocimiento de las fallas actuales.
En este contexto, se hace un llamado urgente para que el Ministerio restablezca los derechos humanos de la población reclusa, y que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público ejerzan su papel garantista. Asimismo, se insta al cumplimiento de la legislación nacional y estándares internacionales para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
El sistema penitenciario venezolano enfrenta un desafío monumental. Hasta que no se implementen soluciones efectivas, los reclusos y sus familiares seguirán siendo víctimas de esta crisis. El compromiso por mejorar las condiciones carcelarias es crucial para avanzar hacia un modelo justo y humano, conforme a los principios establecidos por la Constitución Nacional y los estándares internacionales.
