Los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González, expresaron su apoyo a las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos de trasladar a miembros del Tren de Aragua (TdA) a El Salvador. A través de un comunicado, instaron a las autoridades a establecer un régimen de protección para los migrantes inocentes.
Según los dirigentes, el TdA actúa como el brazo ejecutor del régimen de Nicolás Maduro, relacionándolo con varios homicidios. Destacaron el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile y la muerte de la estudiante Laken Riley en Georgia, Estados Unidos. «La Fiscalía de Chile responsabiliza a esta organización del asesinato, en Santiago de Chile, del teniente venezolano y disidente político Ronald Ojeda», afirmaron. También hicieron alusión al asesinato de Laken Riley, subrayando que el TdA representa una amenaza significativa para el hemisferio.
Machado y González recalcaron la importancia de que las medidas de los gobiernos democráticos, como las de Estados Unidos y Chile, sean ejecutadas «con la mayor severidad» y dentro del marco legal. «Respaldamos las medidas que se desarrollan para identificar, detener y penalizar a quienes integran o apoyan al Tren de Aragua y otras redes criminales asociadas a Nicolás Maduro», sostuvieron.
A pesar de su apoyo a estas acciones, los líderes hicieron un llamado urgente para que las autoridades «extremen las precauciones» al administrar justicia. Resaltaron la necesidad de distinguir claramente entre los criminales y los migrantes inocentes para evitar una injusta criminalización de los migrantes venezolanos en general.
Reiteraron su confianza en los sistemas de Estado de Derecho de los países democráticos, solicitando una protección especial para los migrantes venezolanos. «Solicitamos un régimen de protección a los migrantes venezolanos como un paso previo y provisional para su pronto retorno a una Venezuela libre», indicaron, subrayando que estos migrantes son «ciudadanos de bien» que han huido del «régimen criminal de Maduro».
Este pronunciamiento se produce tras la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros por parte de EE. UU., la cual resultó en el envío de 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, bajo la acusación de pertenecer al TdA. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que si alguno de los venezolanos deportados no es miembro de esta organización, los salvadoreños podrían deportarlo a Venezuela.
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