Elizabeth González, madre de Eliander Santaella, relata el calvario que ha vivido desde la detención arbitraria de su hijo el pasado 8 de agosto. Eliander, un joven de 25 años, exfuncionario de la Policía de Miranda y actual bartender, fue detenido por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (DAET) mientras regresaba de visitar a su novia en Filas de Mariche.
A Elizabeth y su esposo les exigieron 10.000 dólares para liberar a su hijo, una cifra exorbitante para una familia que subsiste gracias a una agencia de festejos en San Agustín del Sur. A pesar de los intentos por llegar a un acuerdo económico, los padres eran constantemente amenazados. «Te lo voy a matar, búscalo en Boquerón», fueron las palabras de uno de los oficiales, sumiendo a la familia en un estado de pánico y angustia.
Eliander fue procesado bajo acusaciones de terrorismo e instigación al odio. Su madre asegura que estos cargos son infundados, argumentando que la única evidencia presentada fue un meme de Nicolás Maduro que encontraron en su teléfono. Desesperada, incluso consideró declarar a su hijo como secuestrado al no recibir información sobre su paradero.
Tras ser trasladado a Tocorón, Eliander enfrenta condiciones deplorables. Ha perdido más de 20 kilos y sufre problemas de salud debido a la comida insalubre. Elizabeth relata con dolor el menú que su hijo debe consumir, el cual incluye pasta con granos amarillos y moscas. Además, debido al temor de contagiarse de tuberculosis, Eliander limita su consumo de agua a solo cuando se baña.
La familia continúa enfrentando extorsiones económicas. Durante los 15 días que Eliander estuvo detenido en Zona 7, González pagó 5 dólares por cada visita, sumado a costos adicionales para pasarle ropa y comida. Posteriormente, aceptaron pagar 700 dólares para evitar su traslado, un pacto que fue incumplido al ser enviado a Yare III y, finalmente, a Tocorón.
La situación de Eliander Santaella no es excepcional. Se trata de un claro reflejo del grave estado de los derechos humanos en Venezuela, donde el sistema judicial aparece manipulado y los familiares de presos políticos viven bajo constante miedo, extorsión y amenazas. Elizabeth, al igual que muchas otras madres, ha decidido alzar la voz para denunciar estas injusticias y espera que la visibilidad de estos casos pueda llevar a un cambio real en el comportamiento del Estado.
Elizabeth concluye que el estado actual de Venezuela no ofrece seguridad ni un futuro viable para sus hijos. Su esperanza reside en la posibilidad de abandonar el país en busca de condiciones de vida más justas y humanas. Sin embargo, por ahora, su lucha se centra en la liberación de su hijo y en asegurar su bienestar mientras está detenido.
