Una movilización organizada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, integrado por madres y familiares de adolescentes detenidos durante las protestas poselectorales en Venezuela, fue obstaculizada este martes por organismos de seguridad estatales. El evento, destinado a exigir la libertad de los jóvenes y más de 300 detenidos tras las represiones de julio y agosto pasados, inició a las 11:00 a.m. en la Plaza Las Mercedes, a pocos metros del Panteón Nacional.
Sin embargo, cuando el grupo avanzaba hacia su destino para entregar una comunicación en el Palacio de Miraflores, un piquete de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloqueó su paso a una cuadra de la avenida Urdaneta. Según informes de la ONG Provea, los manifestantes intentaron dialogar con los oficiales explicando los objetivos de su marcha, pero recibieron una negativa respecto a la existencia de detenidos por las protestas.
La tensión fue palpable, tal como mostraron videos publicados por Provea y otros medios presentes, donde se observó a los manifestantes conversando con la PNB, mientras oficiales de la GNB grababan la escena. Las madres reclamaron equidad en la defensa de derechos, comparando su situación con la de familiares de deportados desde EE. UU. a El Salvador, cuestionando el apoyo a estos últimos frente a la indiferencia hacia los detenidos locales.
«Ni terroristas ni delincuentes. Nuestros muchachos son inocentes,» fue la consigna principal de las madres durante la manifestación. Finalmente, pasadas las 12:00 p.m., se permitió que una comisión limitada pudiera avanzar para entregar el documento en Miraflores.
En cuanto al contexto actual, cifras de la ONG Foro Penal indican que al menos cinco adolescentes, de entre 14 y 17 años, siguen detenidos tras las protestas poselectorales. Hasta el 31 de marzo, se registraban 903 presos políticos en Venezuela, de los cuales 736 son civiles y 167 son militares. Desde el año 2014, se han producido 18.326 detenciones políticas, con más de 14.000 personas asistidas por el Foro Penal y posteriormente excarceladas. Además, más de 10.000 personas permanecen sujetas arbitrariamente a restricciones de su libertad.
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