El Gobierno de Nicolás Maduro ha renovado sus críticas hacia plataformas de mensajería como WhatsApp, alegando su uso para conspiraciones y filtración de información. En su lugar, promueve el uso de aplicaciones chinas como WeChat. Este enfoque refleja un patrón común en regímenes autoritarios que buscan controlar la comunicación de sus ciudadanos mediante la supervisión digital.
Organizaciones como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House han documentado la construcción de un aparato de control digital por parte del gobierno venezolano. Este incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento y la creación de un ecosistema de vigilancia que compromete la privacidad y fomenta la autocensura.
En un informe de Transparencia Venezuela, se destaca la influencia de Rusia y China en la estrategia comunicacional de Maduro, promoviendo narrativas desinformantes y bloqueando medios independientes.
El espionaje en Venezuela no se realiza directamente a través de WhatsApp, pero se lleva a cabo mediante intervenciones telefónicas masivas, aplicaciones estatales que recolectan datos, y el monitoreo constante de redes sociales. Además, se utilizan IMSI Catchers para interceptar comunicaciones.
Un informe de Telefónica en 2021 reveló que más de 1,5 millones de líneas telefónicas fueron interceptadas, lo que representa el 20% de sus usuarios en el país. Otros métodos de vigilancia incluyen el uso de herramientas forenses como Cellebrite para acceder a la información de teléfonos móviles durante detenciones.
China y Rusia han jugado un papel crucial en la reestructuración de la estrategia comunicacional de Venezuela. Según la National Endowment for Democracy, la tecnología china facilita la vigilancia y represión estatal. Empresas chinas han implementado sistemas de videovigilancia en varios países latinoamericanos, incluyendo Venezuela.
El control sobre la mensajería no solo busca frenar el espionaje extranjero, sino centralizar las comunicaciones a través de herramientas estatales. Esto genera un clima de temor y difamación, que desincentiva el uso de plataformas no controladas por el Estado.
En este contexto, el gobierno de Maduro utiliza la propaganda y la sustitución tecnológica con fines de vigilancia, representando un desafío significativo para la libertad de expresión en Venezuela.
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