Maestros venezolanos indignados por insuficientes bonos y salarios

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Publicada: septiembre 11, 2025
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Los docentes en Venezuela han manifestado su indignación y descontento tras el reciente pago de un bono de regreso a clases de apenas 12,5 bolívares, equivalente a 8 centavos de dólar, y una quincena correspondiente a septiembre de 270 bolívares, que no superan los 2 dólares.

En redes sociales se multiplicaron las críticas hacia el incentivo. La cuenta @gererfer calificó el bono como un «insulto», destacando: “Régimen chavista abona la primera quincena del mes de septiembre, 270 bolívares, menos de 2 dólares; y una mentada de madre, perdón, un bono por inicio de año escolar de 12,5 bolívares”.

El malestar docente no se limita solamente a la cuestión monetaria. Sectores del gremio han denunciado presiones para que los maestros se incorporen a las aulas antes de la fecha oficial establecida por la Ley Orgánica de Educación, que señala el 16 de septiembre. Según señalan las redes del gremio, los directores de las instituciones están siendo presionados por jefes municipales, lo que se considera una “violación a las normativas contractuales”.

Los usuarios de redes sociales también han expresado su desacuerdo. Uno de ellos relató el alto costo de productos básicos: “Ayer compré 1 aguacate en 120 bolívares, 1 pimentón en 60 bolívares… Ninguno de esos vegetales los podrá comprar un maestro con lo que le abonaron esta quincena”.

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Educativo del estado Lara ha exigido al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, respuestas a las necesidades urgentes del gremio. El representante sindical, Carlos Jiménez, subrayó la importancia de proveer créditos a docentes con emprendimientos, viviendas para quienes carecen de ellas, y el cumplimiento del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Además, Jiménez denunció que el congelamiento de sueldos desde marzo de 2022 afecta el cálculo de prestaciones sociales, que actualmente oscilan entre 90 y 300 dólares, sin incluir bonos adicionales. «Esto atenta contra el patrimonio del trabajador», afirmó, argumentando que los profesionales reciben sus prestaciones con base en un sueldo de hace más de dos años.

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