Menores detenidos en Venezuela serán juzgados sin beneficios procesales

Mujeres sostienen fotografías durante una manifestación y recolección de insumos para familiares presos este miércoles, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)
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Publicada: octubre 4, 2024
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Un grupo de siete menores de edad detenidos durante las protestas que siguieron a la reelección de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, se enfrentarán a un juicio sin ningún beneficio procesal. Esta decisión, según denunciaron este jueves diversas ONG y la oposición mayoritaria en Venezuela, genera preocupación y consternación entre familiares y defensores de derechos humanos.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), responsable del acompañamiento de seis de estos casos, informó que los adolescentes se declararon inocentes, pero han sido acusados de terrorismo e incitación al odio. Tras la audiencia preliminar realizada el miércoles en el estado Carabobo, se optó por continuar a juicio sin beneficios procesales, lo que ha sido duramente criticado.

Martha Tineo, coordinadora general de JEP, declaró a Efe: «Los estaban constriñendo a admitir los hechos. Todos estos jóvenes se negaron muy gallardamente, a pesar de toda la situación terrible que han vivido, a admitir los hechos». Esta postura de los jóvenes, según Tineo, ha sido un acto de coraje, pero también desencadenó la decisión judicial.

En su cuenta de X, JEP condenó la indolencia mostrada hacia estos jóvenes que han permanecido en prisión durante dos meses. La ONG destacó que se les está negando el derecho a reunirse con sus familias y continuar con sus estudios y actividades deportivas. La exigencia es clara: la liberación plena e inmediata de los adolescentes.

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, también expresaron su rechazo ante esta situación. La agrupación política insta a las autoridades judiciales a revisar estos casos de manera que se respeten las garantías del debido proceso y los derechos humanos de los menores.

Por su parte, familiares y allegados de los detenidos han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una revisión de las medidas cautelares impuestas. Ellos alegan que las acusaciones de terrorismo e incitación al odio no solo carecen de fundamentos, sino que infligen un severo daño al presente y futuro de los jóvenes implicados.

En este contexto, el clamor de las familias y organizaciones de derechos humanos resuena con fuerza en el ámbito nacional e internacional, mientras se sigue esperando una respuesta favorable por parte del sistema de justicia venezolano que garantice los derechos fundamentales de estos menores.

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