Ex-detenidos describen tortura psicológica y falta de representación legal en la prisión venezolana.
Adriana Briceño, residente cerca de Caracas, ha conservado un envoltorio de chocolate con un mensaje escrito por su esposo, Ángel Godoy, durante su detención en la prisión venezolana de El Helicoide. Estos mensajes, junto con otros garabateados en ropa sucia, eran el medio de comunicación secreta entre los reclusos y sus familias, según reportó BBC News Mundo.
El Helicoide, concebido originalmente como un centro comercial en la década de 1950, fue posteriormente utilizado por los servicios de inteligencia venezolanos. Una investigación de las Naciones Unidas documentó que este lugar era empleado para detenciones arbitrarias y, en algunos casos, torturas. Cientos de personas fueron detenidas durante el gobierno del ex dictador acusado de narcoterrorismo, Nicolás Maduro. Desde su captura por fuerzas estadounidenses a principios de enero, más de 600 personas han sido liberadas, aunque el grupo Foro Penal indica que cientos permanecen encarceladas.
Ángel Godoy y el activista de derechos humanos Javier Tarazona, ambos ex-detenidos, describieron a BBC Mundo las condiciones de aislamiento forzado, las celdas de castigo y las amenazas contra sus familiares que padecieron antes de su liberación. Tarazona relató su arresto en julio de 2021, donde fue esposado, golpeado e insultado antes de ser trasladado a una pequeña celda infestada de ratas y cucarachas.
Tarazona, director de la ONG Fundaredes, había solicitado una investigación sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del gobierno venezolano y grupos guerrilleros colombianos. Fue detenido junto a su hermano, José, y otro activista. Permanecieron 46 días en una celda diminuta, conocida como «tigrito», donde debían turnarse para descansar, según Foro Penal. Posteriormente, fueron trasladados a otro espacio con condiciones similares de insalubridad y privación de luz diurna, donde los guardias alteraban los horarios de comida para desorientarlos.
Godoy afirmó que la «tortura más fuerte» fue la psicológica, derivada de la incomunicación y la incertidumbre sobre el bienestar de su familia. Fue detenido sin previo aviso y permaneció 96 días sin contacto familiar. Se le sugirió que moderara su presencia en redes sociales y prensa para poder comunicarse con su esposa. Adriana Briceño, por su parte, fue despedida de su trabajo en la empresa estatal de telecomunicaciones sin explicación tras la detención de su esposo y se vio obligada a mudarse por temor.
Tarazona también denunció amenazas contra su madre, de 70 años, quien fue arrestada. Se le exigió grabar un video acusando a otros activistas a cambio de la libertad de su madre, a lo que se negó. Tanto Godoy como Tarazona negaron los cargos en su contra y afirmaron no haber recibido una representación legal adecuada. Tarazona indicó que se le negó el derecho a un abogado propio y solo vio a uno de oficio siete meses después de su encarcelamiento, a pesar de enfrentar cargos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Godoy, acusado de terrorismo, crímenes de odio e incitación a la acción armada, afirmó no haber visto su expediente ni conocer a su abogado defensor durante más de un año de detención.
BBC Mundo contactó a la Fiscalía General de Venezuela, al Ministerio de Información y al Ministerio de Defensa para obtener comentarios sobre las acusaciones, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
En enero, Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, declaró ante la ilegítima Asamblea Nacional que El Helicoide dejaría de funcionar como centro de detención y sería transformado en un centro social, deportivo y cultural. Aunque la liberación de presos ha sido recibida positivamente, algunos grupos de derechos humanos han calificado esta medida como un intento de encubrir el pasado de la prisión.
Tarazona, a pesar de su experiencia, ha expresado la necesidad de perdonar y avanzar hacia la reconciliación en Venezuela. «Si pensamos ir a reconstruir un país con eso en el corazón, pues flaco favor les haremos a las futuras generaciones», afirmó, abogando por la derogación de legislaciones que, según él, han criminalizado y dañado familias enteras.
El Nacional.-
