La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) respaldó este viernes la ley de amnistía aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional, considerándola un «paso trascendental para lograr la estabilidad» del país. Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) han cuestionado el instrumento jurídico por su carácter excluyente.
La legislación fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en la ilegítima Asamblea Nacional. Fue presentada por el chavismo como una base para un nuevo futuro político en Venezuela, aunque ONG y sectores opositores han manifestado dudas sobre su potencial para una reconciliación genuina.
A través de un comunicado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la ley de amnistía «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política» y «no es simplemente una norma». Subrayó que «el perdón no significa validar los errores, ni borrar la memoria, sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente, ni comprometer a las futuras generaciones».
El comunicado de la FANB también reafirmó que el «respeto y el consenso sincero en la política son las herramientas más poderosas para consolidar la democracia», celebrando la posibilidad de «transitar nuevos senderos de entendimiento». La amnistía abarca hechos o «faltas cometidas» entre 2002 y 2025, un período que, según críticos, deja fuera a varias personas consideradas presos políticos.
El artículo 9 de la nueva ley excluye explícitamente delitos como violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos previstos en la ley contra la corrupción. En respuesta, el partido opositor Primero Justicia calificó la ley de «insuficiente y sesgada». Por su parte, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, declaró que lo aprobado no se corresponde «con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza».
La implementación de esta ley y sus efectos en la estabilidad política y social de Venezuela serán objeto de seguimiento en los próximos meses, en un contexto de opiniones divididas sobre su alcance y efectividad.
El Nacional.-
