En un acto de protesta significativo, 27 militares confinados en el Centro de Procesados y Penados Militares (Cepropemil) de Charallave, ubicado en el estado Miranda, han iniciado una huelga de hambre. Esta decisión fue motivada por el temor a su seguridad personal, tras recibir continuas amenazas de secuestro e intimidación por parte de presos comunes, así como de los propios custodiadores del recinto.
Las denuncias de estas amenazas fueron hechas públicas por Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, quien señaló directamente a las autoridades del lugar, específicamente al general Luis Marcel Ojeda Araujo, al coronel José Manuel Bello Pérez, y al mayor Adán Andre Abad Zambrano. Hernández y otros familiares de los detenidos responsabilizan a estos oficiales por cualquier daño que puedan sufrir sus allegados dentro de las instalaciones de Cepropemil.
Temores de los Familiares por la Vida de los Presos
Las preocupaciones no se limitan solo a las declaraciones de Hernández. La esposa del sargento mayor de tercera, Geomer Martínez, ha relatado el empeoramiento de las condiciones de seguridad después de una reciente protesta dentro del centro, en demanda de atención médica para un policial herido. Según sus declaraciones, los detenidos fueron advertidos de una «sorpresita» por su acto de rebeldía.
En un video divulgado por Dilienyi Escalona, hermana del sargento de segunda Édgar Jesús Díaz Cárdenas, también se denuncian ataques y un intento de motín por parte de presos comunes el 17 de octubre. Escalona subrayó las amenazas de un nuevo motín como una constante preocupación para los internos militares.
Contexto del Arresto
Los 24 militares encarcelados en Charallave tienen su origen en un intento de sublevación ocurrido en enero de 2019. En ese entonces, un grupo de estos oficiales intentó tomar el comando de la Guardia Nacional de Cotiza, con el objetivo de manifestar su oposición hacia Nicolás Maduro, en medio de una serie de protestas antigubernamentales. Dicha insurrección, al no alcanzar el éxito esperado, resultó en penas de prisión para los involucrados, extendiéndose hasta 15 años para algunos de ellos.
La situación en Cepropemil ahora plantea no solo un desafío para las autoridades del centro, sino también un espejo de las condiciones de derechos humanos y dignidad dentro del sistema penitenciario venezolano, donde las voces de alerta de los familiares y de los detenidos siguen sonando con fuerza, demandando una respuesta que garantice su protección y bienestar.
El Nacional
