El Ministerio Público de Venezuela ha emitido un comunicado para recordar el primer aniversario del desmantelamiento de la operación mercenaria conocida como Gran Alianza Territorial. Esta operación, organizada por la agrupación identificada como Vente Venezuela, fue descrita por las autoridades como un intento de subvertir el orden institucional y atentar contra las máximas autoridades de la República.
La investigación llevada a cabo en torno a este caso permitió identificar a los ciudadanos Henry Alviárez y Dignora Hernández como responsables logísticos y operacionales. Según los informes, ambos proporcionaron recursos a grupos terroristas con el objetivo de ejecutar ataques simultáneos a instalaciones militares y fomentar acciones callejeras que desestabilizarían el país. Estas acciones buscaban respaldar la habilitación política de su líder, María Corina Machado.
Evidencias contundentes han sido reunidas, incluyendo declaraciones de cómplices que detallan el tiempo, modo y lugar de las fases planificadas para esta operación fallida. En consecuencia, Alviárez y Hernández se encuentran detenidos y enfrentan juicio por los cargos de Conspiración, Legitimación de Capitales y Asociación.
Adicionalmente, el Ministerio Público ha emitido órdenes de detención contra otros presuntos implicados: Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos y Jesús González. Según se informó, estos individuos buscaron refugio en la embajada de Argentina tras la detención de Alviárez y Hernández. La embajada ha sido descrita por las autoridades venezolanas como una entidad que apoya la desestabilización de las instituciones del país.
El comunicado reafirma el compromiso del Ministerio Público con la justicia y el cumplimiento del deber de garantizar la seguridad e independencia nacional. Destaca, además, su determinación de hacer prevalecer la paz en la familia venezolana frente a intentos de fuga de responsabilidades por actos criminales.
Tarek William Saab, Fiscal General de la República, concluyó subrayando que estas acciones son parte de un esfuerzo continuo por salvaguardar la integridad del país y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
Espiga Noticias