El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, reafirmó el lunes 17 de febrero una acusación dirigida hacia los líderes de la oposición venezolana en relación con el manejo de recursos provenientes de la United States Agency for International Development (USAID). Cabello señaló que «todos recibieron recursos de la USAID, ninguno rindió la plata, solo del 2% de los recursos pasaban auditoría, el resto se lo robaron. El escándalo de la USAID no lo puede tapar nadie. Todos y todas en la oposición están vinculados, todos recibieron recursos».
La USAID, creada en 1961 bajo la administración del presidente John F. Kennedy, es conocida por distribuir miles de millones de dólares anualmente en programas dedicados a aliviar la pobreza, tratar enfermedades y responder a desastres naturales, además de apoyar iniciativas en defensa de la democracia y el comercio global.
En un contexto internacional, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, ordenó el 20 de enero una congelación de 90 días sobre la asistencia extranjera. En un movimiento subsiguiente, el 24 de enero, Peter Marocco, un funcionario de su administración, redactó una interpretación más estricta de esa orden de lo inicialmente previsto, resultando en el cese de miles de programas a nivel mundial y provocando despidos y suspensiones temporales de funcionarios.
Este contexto internacional agrega una capa de complejidad a las acusaciones de Cabello, resaltando las tensiones existentes entre el Gobierno venezolano y los líderes de la oposición. El alegato se centra en un manejo inapropiado de fondos que la USAID habría destinado a diversas iniciativas en Venezuela, implicando a una amplia gama de dirigentes en un escándalo financiero que, según Cabello, no puede ser ignorado.
La situación actual pone de relieve la necesidad de una auditoría detallada y transparente de los fondos distribuidos por la USAID, así como una clarificación de las responsabilidades y el destino de estos recursos en el contexto político venezolano. La controversia continúa en desarrollo, con implicaciones potenciales tanto para la política interna de Venezuela como para sus relaciones internacionales.
