Expertos de la Misión de Determinación de los Hechos advierten en Ginebra que la situación de alrededor de 800 presos políticos y una nueva ley de amnistía no garantizan un cambio sustancial.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV) presentó este jueves en Ginebra su actualización oral, expresando profunda preocupación por la persistencia de detenciones por motivos políticos y la continuidad de métodos represivos en el país, a pesar de los recientes cambios en la cúpula gubernamental.
En un contexto de «tensa calma» en Venezuela durante marzo de 2026, la Misión destacó que, según cifras de diversas ONG, alrededor de 800 ciudadanos permanecen tras las rejas por motivos políticos. Los expertos de la ONU señalaron que, si bien los rostros en los despachos ministeriales han cambiado tras los eventos de enero, quienes custodian las prisiones y firman los retardos procesales son esencialmente los mismos, manteniendo las detenciones como una herramienta de arquitectura política.
Un punto central de atención en la presentación de Ginebra fue la Ley de amnistía para la convivencia democrática, ya sancionada por la ilegítima Asamblea Nacional. La FFMV observa este texto con «recelo clínico», temiendo que la ley funcione como un «tamiz» diseñado para beneficiar a figuras de alto perfil, mientras deja en el olvido a cientos de civiles con expedientes de «terrorismo» fabricados bajo coacción.
La advertencia de la ONU es clara: una amnistía que no desmantele los procesos amañados en tribunales militares o que ignore a quienes sufrieron torturas en centros como Tocorón y Tocuyito, sería simplemente un «barniz de impunidad». La Misión enfatizó que la justicia no debe negociarse por cuotas de gobernabilidad.
Lo que más inquieta del reporte es la continuidad del sistema represivo. Aunque la «Operación Resolución Absoluta» de enero pudo haber descabezado la cúpula, la estructura judicial y de inteligencia, documentada por la Resolución 57/36, sigue operando con la misma inercia. Jueces que validaron detenciones arbitrarias y fiscales que ignoraron rastros de maltrato físico permanecen en sus puestos, lo que la Misión considera el mayor obstáculo para una reconciliación genuina.
El mandato de los expertos, extendido hasta octubre de 2026, asegura que el escrutinio sobre las ejecuciones extrajudiciales y la actuación de los «colectivos» no se detendrá, incluso si los nuevos actores del poder intentan proyectar una imagen de normalidad institucional ante la comunidad internacional.
La credibilidad de la transición venezolana se juega hoy en el destino de estos 800 presos políticos. Las prisiones venezolanas persisten con condiciones precarias, incluyendo hambre, nulo acceso a la salud y aislamiento. La ausencia de planes claros de excarcelación masiva y el «silencio administrativo» confirman que la libertad sigue siendo rehén del pragmatismo. La Misión concluye que un país que intenta renacer con cientos de ciudadanos presos por su conciencia solo ha cambiado de fachada, conservando intactas sus sombras.
El Nacional.-
