El ex parlamentario, abogado y defensor por los derechos civiles Rafael Narváez afirmó que la aprobación de una ley de Amnistía General para todos los presos políticos no exonera de responsabilidad penal a los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ni paraliza las investigaciones abiertas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Narváez saludó la decisión del Estado de aprobar una ley de Amnistía General dirigida a todos los presos políticos que han sido excarcelados bajo medidas cautelares y a quienes aún permanecen detenidos. Señaló que estas detenciones se produjeron “por culpa del sistema de justicia” que, según indicó, se apartó de sus atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que le obligan a administrar justicia de forma independiente e imparcial.
El defensor por los derechos civiles sostuvo que el sistema de justicia se sometió a una “disciplina partidista” impuesta por el gobierno, lo que habría derivado en la violación de garantías constitucionales y judiciales, en especial del debido proceso. De acuerdo con su planteamiento, esto dio “luz verde” a los cuerpos de seguridad del Estado para cometer atrocidades en contra de los ciudadanos.
Narváez aseguró que los crímenes perpetrados por componentes militares desde 2014 y en el marco del Plan Zamora, creado por decreto presidencial y asignado al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, no quedan cubiertos por la amnistía frente a la responsabilidad penal. Enfatizó que los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las torturas y los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser objeto de amnistía ni indulto, en concordancia con el artículo 29 de la CRBV.
El ex parlamentario sostuvo que, en consecuencia, la ley de Amnistía General no paraliza la investigación que adelanta la CPI, la cual, según afirmó, se encuentra “bastante adelantada”, toda vez que el Estado ya habría agotado los recursos de apelación y restaría que dicho tribunal internacional proceda a procesar los casos.
El defensor por los derechos civiles advirtió al Estado que “quienes piensan arroparse con esta ley de amnistía general para intentar salvar su responsabilidad por los crímenes cometidos están equivocados”, y señaló que los testimonios de quienes estuvieron detenidos y ahora se encuentran en libertad “se harán presentes para llenar de insumos a la CPI”, según indicó.
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