Nicolás Maduro ha convocado un proceso de reforma constitucional que busca modificar 80 artículos de la Carta Magna de 1999, impulsada originalmente por Hugo Chávez. Este anuncio ha generado inquietudes sobre las implicaciones para la democracia en Venezuela.
A pesar de la entrega de un borrador a la Asamblea Nacional (AN) el pasado 15 de febrero, el contenido específico aún no ha sido revelado. Expertos como Ricardo Combellas, abogado y exconstituyentista, consideran vital conocer el borrador para evaluar las consecuencias potenciales sobre el orden democrático. Alejandro González, abogado del Bloque Constitucional de Venezuela, advierte que si la reforma afecta principios constitucionales, podría considerarse un procedimiento írrito. Según González, una reforma debe limitarse a la revisión parcial del texto sin modificar su estructura y principios fundamentales, sugiriendo que el planteamiento actual se asemeja más a una propuesta para una nueva Constitución.
La comisión a cargo de la reforma incluye figuras prominentes del gobierno de Maduro, como Tarek William Saab y Delcy Rodríguez. La intención declarada es ampliar el ejercicio democrático mediante la inclusión del «poder comunal», un concepto anteriormente rechazado por la ciudadanía en un referendo en 2007. Analistas como Andrés Caleca ven en esta reforma un intento de legitimar las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.
El debate se centra en la legitimidad y el alcance de la reforma propuesta. La Constitución venezolana prevé tres vías para su modificación: enmienda, reforma o asamblea constituyente, cada una con distintas implicaciones. Luis Lander del Observatorio Electoral Venezolano, señala que los cambios propuestos por Maduro no están claramente definidos, lo que genera incertidumbre sobre su impacto real.
En un contexto político ya tenso, figuras como Blanca Rosa Marmol y Nelson Chitty La Roche cuestionan la necesidad y oportunidad de modificar tantos artículos a la vez, sugiriendo que esto podría representar una nueva Constitución disfrazada de reforma.
Según el artículo 344 de la vigente Constitución, cualquier reforma debe ser sometida a referendo. Sin embargo, el precedente de una reforma constitucional fallida en 2007, y una asamblea constituyente en 2017 que no logró consolidar cambios significativos, auguran un camino complejo y lleno de desafíos para la propuesta actual de Nicolás Maduro. El desarrollo de este proceso será crucial en el panorama político de Venezuela, definiendo el rumbo del país en el ámbito de la gobernanza y la legitimidad constitucional.
Tal Cual
