La Asamblea Nacional aplazó para la próxima semana la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, luego de que el debate se estancara en torno al artículo 7 del proyecto, referido a la obligación de los beneficiarios de ponerse a derecho ante los tribunales. Hasta el momento, el Parlamento ha ratificado los primeros seis artículos, que definen el perdón para delitos políticos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
En una sesión marcada por la polarización y la expectativa ciudadana, la discusión avanzó inicialmente con la aprobación de la base estructural de la norma, pero se detuvo al llegar al punto considerado como el nudo crítico del texto. El artículo 7, mencionado reiteradamente como el principal foco de discordia, establece que, para gozar del beneficio de la amnistía, el procesado o condenado debe “estar a derecho o ponerse a derecho” inmediatamente después de la entrada en vigencia de la ley.
El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, encabezó las objeciones a este artículo. Según su planteamiento en el hemiciclo, la exigencia de una presentación física ante la justicia implicaría un reconocimiento implícito de culpabilidad por parte de los beneficiarios, lo que, a juicio del sector opositor, convierte el requisito en una trampa jurídica para quienes han sido judicializados por motivos políticos.
En contraste, el bloque chavista defendió la redacción del artículo 7 argumentando que la Constitución establece que nadie puede ser juzgado o procesado en ausencia. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de la ley, sostuvo que la presencia ante el tribunal constituye un requisito procedimental indispensable para el funcionamiento del Estado de derecho.
Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso en esta materia, Arreaza y la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la misma comisión, acordaron diferir la discusión sobre el artículo 7. Según explicaron en el hemiciclo, la decisión busca mantener un “clima de conciliación” y evitar que el debate derive en confrontaciones consideradas estériles por ambas partes.
Pese a este estancamiento, la Asamblea Nacional sí logró aprobar los seis primeros artículos del proyecto de ley de amnistía. El artículo 1 define el objeto de la norma, concediendo una amnistía general y plena a procesados por delitos políticos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
El artículo 2 establece las finalidades de la ley, orientadas a promover la paz, la reconciliación nacional y el pluralismo político, con el propósito de evitar la repetición de conflictos. El artículo 3 fija los principios rectores, basados en los valores de libertad, justicia, democracia y la preeminencia de los derechos humanos.
Por su parte, el artículo 4 declara que la ley es de orden público y de interés general para toda la nación. El artículo 5 determina que, en caso de duda interpretativa, deberá prevalecer la interpretación que mejor favorezca la protección de los derechos humanos.
El artículo 6 enumera los hechos amnistiables y define diez eventos históricos cubiertos por la norma. Entre ellos se incluyen el golpe de 2002, el paro petrolero de 2003 y las protestas de 2014, 2017, 2019 y las manifestaciones de julio de 2024, así como otros episodios señalados en el texto como parte de los conflictos políticos de las últimas décadas.
El aplazamiento de la aprobación definitiva de la ley coincidió con una fecha simbólica para el país. Mientras los diputados debatían en el Palacio Federal Legislativo, las calles de Caracas se llenaban de marchas por el Día de la Juventud, con estudiantes oficialistas y opositores movilizados de manera simultánea.
En paralelo, la atención internacional permaneció centrada en la situación del país debido a la visita de Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, quien realizó un recorrido por instalaciones petroleras en medio de un escenario descrito como de aparente deshielo diplomático, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La próxima sesión de la Asamblea Nacional es señalada como decisiva para definir el futuro del proyecto. En ese encuentro, el chavismo y la oposición deberán intentar consensuar una redacción común para el polémico artículo 7. De no lograrse un acuerdo, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, presentada como un instrumento para cerrar heridas derivadas de casi tres décadas de conflicto político, podría quedar en una situación de indefinición legislativa.
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