Interpol reafirmó este viernes que las normas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados con fines políticos. La organización se negó a comentar sobre la solicitud de «alerta roja» presentada por Venezuela contra el líder opositor Edmundo González Urrutia.
Al ser interrogado sobre dicha solicitud, emitida por el fiscal general de Venezuela el pasado 24 de octubre y divulgada por el diario El Tiempo de Colombia, un portavoz de Interpol declaró a EFE que no podía comentar sobre «casos individuales». Sin embargo, enfatizó que el artículo 3 de la constitución de Interpol prohíbe el uso de su sistema para objetivos políticos.
La petición del fiscal venezolano surge después de que González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, se exiliara en España a inicios de septiembre tras negociar con el gobierno venezolano en la embajada española y salir de Caracas.
Según El Tiempo, la solicitud se fundamenta en acusaciones de conspiración, usurpación de identidad y forjamiento de documentos. Además, la justicia venezolana le imputa cargos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, y complicidad en actos violentos, entre otros.
El sistema de «alertas rojas» de Interpol es una herramienta crucial para comunicar a los países miembros sobre personas buscadas por la justicia de una nación, facilitando su detención si son identificadas. Algunas de estas notificaciones son de acceso público, consultables en la web de Interpol, mientras que otras, por razones de confidencialidad, se transmiten exclusivamente a través de canales internos accesibles solo a los servicios policiales de los 196 países miembros.
Interpol filtra cuidadosamente las demandas recibidas para identificar posibles persecuciones políticas o violaciones de los derechos humanos, asegurando la adherencia a sus principios y evitando el mal uso de sus recursos.
