La organización no gubernamental Acceso a la Justicia alertó sobre el agravamiento de prácticas irregulares de cara a las elecciones municipales del próximo 27 de julio. Según el comunicado emitido este jueves, estas prácticas «contravienen principios básicos del ordenamiento jurídico electoral» del país.
En su informe, la ONG señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores cercanos al chavismo, «vuelve a reeditar» esquemas previamente utilizados en los comicios del 25 de mayo, los cuales estuvieron marcados por «falta de transparencia y restricciones».
Entre las irregularidades destacadas, la organización menciona: información insuficiente sobre los candidatos, reducción de los tiempos de campaña, cierre abrupto del registro electoral y la exclusión de figuras opositoras mediante inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) y confirmadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «Así, los nuevos comicios se anuncian sin información suficiente y clara sobre los candidatos, se reducen notablemente los tiempos de campaña, el registro electoral se cierra sin previo aviso y se excluyen líderes opositores», denunció la ONG.
Según Acceso a la Justicia, estas acciones limitan «gravemente» el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, afectando su confianza en el sistema electoral y potencialmente disminuyendo la participación ciudadana.
La denuncia también subraya que el CNE adelantó los comicios sin justificación institucional, dado que los funcionarios actuales tienen mandato hasta noviembre de 2025. «La convocatoria fue realizada con solo 53 días de antelación, en abierta violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que exige al menos seis meses de preparación», señaló la ONG.
Otro punto crítico es el cierre del registro electoral el mismo día del anuncio del proceso, el pasado 4 de junio, lo cual impidió que nuevos votantes o ciudadanos que regresaron al país pudieran inscribirse o actualizar sus datos. «Esta decisión restringe el derecho al sufragio, en especial de jóvenes y migrantes retornados, y mina la confianza en la equidad del proceso», afirmó la ONG.
Acceso a la Justicia también acusó al CNE de difundir el cronograma electoral de «forma irregular» mediante redes sociales y no a través de canales oficiales, estableciendo una campaña electoral de solo 14 días, considerada insuficiente para que los candidatos se den a conocer o para garantizar el acceso a información por parte de los votantes.
Finalmente, se denunció la inhabilitación de alcaldes opositores en los estados Trujillo, Nueva Esparta y Táchira, quienes «estarían impedidos de aspirar a la reelección». El Movimiento Por Venezuela (MPV) informó que no podrá participar en estas elecciones, alegando que se le «impidió» registrar candidaturas, tal como ocurrió en las elecciones de mayo, según el secretario general, Simón Calzadilla. Este último lamentó que el Gobierno «perdió la oportunidad» de utilizar estos comicios para crear «escenarios» que facilitaran una «salida inteligente, negociada y pacífica» a la crisis del país.
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