Un grupo de al menos 15 organizaciones no gubernamentales venezolanas ha manifestado su preocupación ante el avance de un proyecto de ley de minería que se discute en la ilegítima Asamblea Nacional. Las organizaciones advierten que la aprobación de esta normativa podría agravar el impacto ambiental en la Amazonía y otras zonas del país.
A través de un comunicado difundido por Provea, las ONG señalaron que la propuesta legal presenta vacíos significativos en materia de regulación y gobernanza ambiental, lo que, según su análisis, debilita los mecanismos de control sobre la actividad minera. Las organizaciones afirmaron que «El proyecto de Ley Orgánica de Minas institucionaliza el ecocidio en Venezuela» y se inscribe en un contexto de «violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales».
Entre las principales inquietudes expresadas, las ONG destacan que, aunque el texto menciona la realización de estudios de impacto ambiental, estos no figuran como requisito obligatorio para el otorgamiento de concesiones. Asimismo, cuestionaron que la delimitación de áreas protegidas dependa de planes de ordenamiento territorial que, en muchos casos, no existen o están desactualizados, lo que dejaría amplias zonas vulnerables a la explotación.
Las organizaciones también advierten que la normativa prioriza la responsabilidad posterior al daño en lugar de establecer medidas preventivas. Además, señalan que no contempla garantías financieras para la restauración ambiental ni regulaciones claras sobre el manejo de desechos. Otro punto crítico es la falta de mecanismos independientes de supervisión, ya que el proyecto no incluye sistemas de monitoreo ambiental autónomo, ni garantiza el acceso público a la información, ni contempla auditorías externas.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas, las ONG consideran que el proyecto es preocupante al omitir aspectos clave como la demarcación de territorios ancestrales y no incorporar el consentimiento libre, previo e informado, que es el estándar internacional actual. También manifestaron su rechazo a la presencia de cuerpos militares en zonas de explotación minera, argumentando que «La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas».
En este contexto, las organizaciones instaron a que el proyecto de ley incorpore criterios claros de transparencia, incluyendo el acceso público a todos los procesos administrativos relacionados con las concesiones y operaciones mineras. Demandaron la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en cada proyecto, así como el establecimiento de mecanismos efectivos de control y seguimiento para garantizar una gestión ambiental sólida.
El debate legislativo sobre esta normativa continúa en la ilegítima Asamblea Nacional, que aprobó el proyecto en primera discusión como parte de una estrategia para atraer inversión nacional y extranjera en el sector minero. La segunda discusión fue aplazada para ampliar el proceso de consulta y permitir la incorporación de más opiniones de distintos sectores.
El Nacional.-
