Organizaciones de derechos humanos advirtieron que el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, debatido por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, no debe convertirse en un instrumento de impunidad ni supeditar la liberación de presos políticos a su aprobación. Las ONG Provea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal insistieron en que el texto debe ajustarse a estándares internacionales de derechos humanos y garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Las organizaciones reiteraron sus observaciones y exigencias frente al proyecto, señalando que cualquier instrumento legal en esta materia debe evitar la legitimación de arbitrariedades y no puede obstaculizar los derechos de las víctimas. Coincidieron en que la ley no debe impedir el esclarecimiento de los hechos ni el reconocimiento de las violaciones denunciadas.
Justicia, Encuentro y Perdón indicó que, tras la discusión parlamentaria más reciente, no se han observado cambios sustanciales en el texto del proyecto, más allá de la incorporación de principios constitucionales que ya son obligatorios. La organización sostuvo que la propuesta legislativa debe garantizar la no exclusión, evitar la revictimización, reconocer el daño causado a las víctimas y asegurar mecanismos de reparación adecuados.
Las ONG recordaron que, al margen del curso del debate legislativo, existen al menos 60 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones graves de salud. A este grupo se suman un adolescente, tres personas dentro del espectro autista, 22 adultos mayores y al menos 122 mujeres. Señalaron además que hay personas con penas cumplidas y cientos de detenidos que podrían ser excarcelados mediante la aplicación de normas procesales vigentes.
“La excarcelación no debe estar supeditada al avance de este proyecto de ley”, advirtió Justicia, Encuentro y Perdón, al enfatizar que las liberaciones no deben depender del proceso parlamentario. Provea y Clippve, por su parte, recordaron que el anuncio oficial de la amnistía, realizado el 30 de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se produjo luego de meses de reclamos ciudadanos por la liberación de presos políticos.
Ambas organizaciones señalaron que las excarcelaciones “a cuenta gotas” anunciadas previamente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la falta de transparencia oficial han prolongado la angustia de los familiares. Afirmaron que la amnistía no debe entenderse como un acto de gracia del Estado, sino como una medida que reconozca que muchas de las detenciones fueron arbitrarias y derivadas del ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de asociación y de manifestación pacífica.
Las organizaciones también subrayaron que una ley de amnistía no puede obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Recordaron que numerosos detenidos han denunciado desapariciones forzadas, torturas y violaciones sistemáticas al debido proceso, especialmente en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En esa línea, Foro Penal, organización que lidera la defensa de presos políticos en el país, llamó a la ciudadanía a no rendirse en caso de que el instrumento legal no cumpla con las expectativas. El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, afirmó que el país sabrá si la amnistía representa un avance o “un paso en falso” y exhortó a mantener la resistencia cívica. Según cifras de Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, aunque el gobierno rechaza esa calificación.
El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado en primera discusión, abarca hechos ocurridos desde 1999, pero delimita su aplicación a 10 coyunturas políticas específicas, entre ellas los sucesos de abril de 2002 y las protestas posteriores a la elección presidencial de julio de 2024. En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional aprobó hasta el artículo sexto del proyecto.
El Parlamento decidió aplazar para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, debido a diferencias en torno a un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la justicia. La propuesta puede ser modificada durante la discusión parlamentaria y, de ser sancionada, deberá ser remitida al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.
El debate legislativo coincidió con movilizaciones en Caracas por el Día de la Juventud, en las que participaron jóvenes chavistas y estudiantes universitarios opositores. El mismo día, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, continuó su visita al país con un recorrido por dos instalaciones petroleras.
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