Organizaciones de la sociedad civil cuestionan proceso de designación y demandan independencia institucional en Venezuela.
Este viernes, un total de 62 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla), cuestionaron la designación de las nuevas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Venezuela, al tiempo que presentaron una serie de exigencias a los funcionarios recién nombrados.
A través de un comunicado, las organizaciones alertaron que el proceso de selección de estos funcionarios estuvo marcado por irregularidades que, a su juicio, comprometen su legitimidad. Subrayaron que estas deficiencias no deben ser normalizadas, dado que afectan principios constitucionales fundamentales como la independencia de poderes y la participación ciudadana. En el caso del Ministerio Público, señalaron que la trayectoria del nuevo titular dentro del aparato que ha ejecutado la persecución de la disidencia genera interrogantes sobre su capacidad de ruptura con ese patrón. Respecto a la Defensoría del Pueblo, indicaron que la falta de experiencia en derechos humanos representa un desafío que deberá ser compensado con actuaciones independientes.
A pesar de estos cuestionamientos, el comunicado enfatizó que ambos funcionarios tienen la obligación jurídica, institucional y ética de cumplir con el mandato constitucional de sus cargos. Esto implica actuar con independencia, objetividad y garantizar los derechos humanos sin discriminación. Las organizaciones también hicieron hincapié en la necesidad de asegurar la autonomía de ambas instituciones, que deben operar libres de interferencias indebidas de otros poderes públicos y sin instrucciones políticas externas.
El comunicado también advirtió sobre el deterioro del rol institucional en materia de derechos humanos observado en los últimos años. Señaló que el Ministerio Público ha operado sistemáticamente como instrumento de amenaza y criminalización, mientras que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una parálisis deliberada frente a las denuncias de persecución.
Como parte de sus planteamientos, las organizaciones presentaron una agenda de acciones prioritarias. A la Fiscalía, exigieron el cese inmediato de procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos, la liberación de personas detenidas por razones políticas, el inicio de investigaciones independientes sobre graves violaciones de derechos humanos y la cooperación con mecanismos internacionales para combatir la impunidad. A la Defensoría del Pueblo, solicitaron exigir públicamente la liberación de detenidos por motivos políticos, realizar inspecciones en centros de detención y establecer canales de coordinación con organismos internacionales.
El comunicado concluyó con un llamado a que estas designaciones se traduzcan en cambios reales en el funcionamiento institucional, orientados a la reinstitucionalización democrática del país. Las organizaciones firmantes indicaron que harán seguimiento al desempeño de ambas instituciones y reiteraron la necesidad de mantener la atención nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El Nacional.-
