Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han cometido graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante más de una década. El documento, de 123 páginas y publicado este jueves, actualiza la investigación sobre abusos en Venezuela desde 2014 y pone el foco en la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Según el informe, confirmado por EFE, responsables de la GNB «perpetraron y contribuyeron de manera directa» a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género. La misión, presidida por la portuguesa Marta Valiñas, determinó que estos crímenes no fueron «incidentes aislados, [sino que] formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas».
El documento señala que este entorno de abusos fue facilitado por una «cadena de mando sin contrapesos para la rendición de cuentas» y «altamente centralizada» bajo la dirección de Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe. De acuerdo con la investigación, las autoridades venezolanas legitimaron la militarización de la seguridad ciudadana al fusionar funciones militares y policiales en la GNB, ampliando su papel en operativos de control social y represión política.
El informe detalla el papel de la GNB en la represión de las olas de protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024. La Misión halló motivos razonables para creer que este cuerpo «ejerció un uso desproporcionado de la fuerza». Entre los hallazgos se incluyen el uso indebido de armas, incluso de carácter letal, disparadas «de forma indiscriminada» y «directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas»; posibles prácticas de modificación de proyectiles con el fin de infligir mayor daño; y la documentación de detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y la comisión de violencia sexual y de género en centros de detención transitoria.
La Misión destaca que la GNB fue «determinante» en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución con motivos políticos». Según el informe, esta institución ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020 y desempeñó un papel clave en la criminalización de opositores tras las elecciones de 2024.
En vista de los indicios obtenidos, la Misión de la ONU considera que tanto funcionarios de la GNB como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma. Este señalamiento dirige la atención hacia la Corte Penal Internacional, encargada de velar por el cumplimiento de dicho estatuto.
La publicación del informe se produce un día después de que en Oslo se oficializara la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, un reconocimiento que, según el informe, se vincula a la lucha contra el mismo aparato de represión que ahora es objeto de investigación internacional.
EFE
