Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela concluyó que funcionarios militares recibieron instrucciones previas para reprimir con violencia las protestas que estallarían tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que derivó en la muerte de seis manifestantes en Maracay, estado Aragua. La Misión determinó que la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército no tuvo como objetivo disuadir o controlar disturbios, sino causar muertes, en el marco de una grave violación de derechos humanos.
Según el informe, citado por Infobae, la respuesta de la GNB y del Ejército en Maracay estuvo orientada al uso letal de la fuerza. “De acuerdo con un miembro del Cicpc citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”, señala el documento de la ONU, que destaca que en todos los casos las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales del cuerpo.
Las protestas se produjeron en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del 28 de julio. El 29 de julio se registró una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, que se extendió hasta horas de la noche. Durante esa jornada, seis manifestantes murieron por impactos de bala; la Misión subraya que los disparos se concentraron en áreas vitales, lo que refuerza la conclusión de un uso letal e indiscriminado de la fuerza.
El primer fallecido fue Rancés Daniel Yzarra Bolívar, quien se encontraba cerca del estacionamiento del diario El Aragüeño cuando recibió un disparo en el pecho. Otras víctimas identificadas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes murieron frente a la entrada principal de la Brigada de Paracaidistas del Ejército.
Un análisis forense independiente realizado por la organización Physicians for Human Rights, citado en el informe, concluyó que las lesiones de Jesús Tovar “son consistentes con el patrón de heridas de una escopeta”, arma de uso habitual de la GNB, disparada con munición de perdigones grandes (“buckshot”) a una distancia de entre uno y diez metros.
La Misión documentó que el operativo represivo respondió a una planificación previa. El informe, reseñado en un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez publicado en Infobae, indica que antes de las elecciones los efectivos militares recibieron órdenes de prepararse ante protestas consideradas inevitables. “Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, declaró un oficial a Infobae.
De acuerdo con el documento, desde horas de la tarde del 29 de julio dos Grupos de Respuesta Inmediata (GRI) de la GNB, equipados con escopetas, gases lacrimógenos y un vehículo blindado VN4, se desplegaron en la zona de la redoma de San Jacinto. Efectivos de la GNB, del Ejército y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se apostaron tanto dentro como fuera de la Brigada de Paracaidistas.
La secuencia descrita en el informe señala que, tras lanzar gases lacrimógenos sin advertencia previa, los cuerpos de seguridad respondieron con disparos de escopeta contra los manifestantes. “Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos (…) generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones”, indica la Misión, que vincula estos hechos con un uso sistemático de violencia letal contra la población civil tras el proceso electoral del 28 de julio.
La investigación de la Misión identificó una cadena de mando encabezada por Nicolás Maduro, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esa cadena también figuran el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y altos mandos regionales de la GNB y del Ejército en el estado Aragua.
Entre los oficiales señalados se encuentra Orlando Ramón Romero Bolívar, entonces comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central. El informe destaca que Romero Bolívar fue posteriormente ascendido a mayor general y designado comandante general de la Milicia Bolivariana, y que el 27 de noviembre de 2024 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por su participación en la represión postelectoral.
En contraste con la magnitud de los hechos, la Misión señala que el Ministerio Público centró sus investigaciones únicamente en la muerte del sargento primero de la GNB José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas —seis manifestantes y el militar— solo el caso de Torrents Blanco cuenta con un expediente individual, mientras que las muertes de los civiles no presentan avances sustanciales.
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos indica que, hasta el cierre de su elaboración, no se reportaban progresos en las investigaciones sobre la posible responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado en la muerte de los manifestantes. La Misión concluye que la represión registrada en Maracay constituye una grave violación de derechos humanos y refuerza los señalamientos de un uso sistemático de la violencia letal por parte del Estado venezolano contra la población civil tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
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