Cinco opositores venezolanos, considerados colaboradores cercanos de la líder política María Corina Machado, han alcanzado un hito significativo al cumplir 400 días asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Este complejo diplomático, actualmente custodiado por Brasil, es el escenario de una prolongada espera para Magallí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos.
En un comunicado reciente, los asilados hicieron un llamado urgente a los presidentes Javier Milei de Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil. Solicitan a ambos líderes que intervengan para gestionar la emisión de salvoconductos necesarios para su salida segura del país. A pesar de estar amparados por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, los opositores denuncian que sus derechos están siendo vulnerados, ya que el gobierno venezolano se niega a proporcionarles el documento necesario para garantizar su libre tránsito hacia un lugar seguro, sin riesgo de detención.
La residencia diplomática en la que se encuentran asilados está enfrentando severas deficiencias. «El régimen se niega a cumplir la legislación internacional y mantenemos condiciones infrahumanas. Desde hace cinco meses no tenemos electricidad ni agua corriente», manifestaron los asilados. La infraestructura presenta graves problemas, incluyendo fusibles retirados y la falta de servicios básicos. Los asilados sobreviven con alimentos enlatados y dependen de un ventilador solar que también les permite cargar sus teléfonos móviles.
La Cruz Roja Venezolana intervino recientemente al proporcionar asistencia médica a los asilados, un acto realizado con la aceptación de todas las partes involucradas, aunque sin ofrecer detalles específicos.
Desde que el cuerpo diplomático argentino fue expulsado en agosto de 2024, la sede ha estado bajo la protección de Brasil. Sin embargo, el gobierno venezolano revocó esa autorización meses después, alegando una presunta conspiración terrorista dentro de la embajada. «La comunidad internacional no puede permitir que se utilicen recintos diplomáticos para actos de barbarie. Es hora de hacer valer los compromisos suscritos para la protección de perseguidos políticos», advirtieron los asilados en su comunicado.
Esta situación se erige como un caso emblemático de la erosión del derecho internacional y la crisis de garantías en Venezuela, reflejando las complejidades y tensiones en el ámbito diplomático y de derechos humanos en la región.
Espiga Noticias
