Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo una represión brutal que ha involucrado la detención arbitraria de 158 jóvenes, en su mayoría adolescentes de entre 14 y 17 años. De este total, 130 son varones y 28 hembras. Hasta la fecha, 86 adolescentes han sido excarcelados, mientras que el resto continúa encarcelado y han denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales y torturas en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU resalta que estas detenciones son un “fenómeno nuevo y extremadamente preocupante”. Los adolescentes han sido recluidos junto a adultos, incluidos presos políticos, y enfrentan graves acusaciones como terrorismo, sin acceso a defensores adecuados.
Los psicólogos del OVP advierten que el encarcelamiento y la violencia infligen daño psicológico que puede manifestarse en trastornos mentales severos, afectando crucialmente su desarrollo social y emocional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha condenado la persecución política en Venezuela y ha exigido protección especial para los menores involucrados.
El OVP exige el cese inmediato de estas violaciones de derechos humanos y la liberación sin restricciones de los adolescentes detenidos, así como reparaciones integrales por los daños causados. El régimen venezolano es señalado como responsable no solo de violaciones de derechos humanos, sino potencialmente de crímenes de lesa humanidad.