Oscar Murillo, coordinador general de la organización Provea, ha expresado cuestionamientos sobre la transparencia en el proceso de liberación de personas en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La declaración surge tras el anuncio de miles de individuos presuntamente beneficiados por esta medida.
Murillo señaló en su cuenta de X que la sociedad civil carece de acceso para verificar las cifras difundidas, debido a que la comisión de seguimiento de la ley está compuesta exclusivamente por diputados de la ilegítima Asamblea Nacional. Provea había propuesto la inclusión de representantes de organismos internacionales de derechos humanos, la Iglesia, comités de víctimas y miembros de la sociedad civil en dicha comisión.
«La figura de la comisión de seguimiento se aceptó, pero solo con diputados. Entonces, desde la sociedad civil no tenemos acceso para certificar y verificar las cifras que se difunden, con lo cual se compromete la transparencia del proceso», afirmó Murillo. Esta alerta se produce después de que el diputado Jorge Arreaza, a cargo de la comisión parlamentaria que supervisa la Ley de Amnistía, informara el jueves que 7.474 personas estaban en libertad restringida.
Arreaza también indicó que 253 personas que permanecían detenidas recibieron el beneficio con la extinción de la causa penal, liberándolas de responsabilidad por los delitos cubiertos por la ley. La comisión recomendó medidas de excarcelación para 116 individuos, aunque en estos casos los juicios continúan porque los cargos no están incluidos en la legislación de amnistía.
Según la comisión, se han recibido 12.557 solicitudes hasta la fecha, de las cuales 9.726 son válidas, 539 se encuentran en estudio y 2.831 fueron identificadas como duplicadas. Además, se registraron 1.460 solicitudes que no aplican a la ley por tratarse de presuntos delitos graves como homicidio, corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. Arreaza aseguró que la comisión mantiene comunicación con diversas ONG, incluyendo el Foro Penal, que registra la excarcelación de al menos 673 presos políticos desde el 8 de enero.
Murillo concluyó: «Aspiramos que se actúe con base a la verdad. Sigamos ejerciendo nuestros derechos para garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos».
El Nacional.-
