En un clima de constante preocupación por los derechos humanos y la justicia social en Venezuela, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su solidaridad con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y su director, Oscar Murillo. Murillo ha sido citado a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el 20 de noviembre en el estado Táchira, en el contexto de una investigación que ha suscitado inquietudes sobre violaciones al debido proceso.
La citación de Oscar Murillo por el CICPC no aclara su rol procesal ni su relación con el presunto «delito de odio» contemplado en la legislación venezolana, lo cual ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estas entidades han señalado que la falta de claridad en el proceso indica posibles irregularidades, y esperan que dichas deficiencias no prevalezcan en la investigación en curso.
Las organizaciones temen que este caso pueda ser un intento de criminalización de quienes defienden los derechos humanos, así como de los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Durante más de 30 años, PROVEA y sus miembros han sido objeto de ataques, intimidaciones y, en algunos casos, privación de libertad por su compromiso con la defensa de los derechos humanos. En repetidas ocasiones, las amenazas contra PROVEA han sido públicas y mediáticas, al punto de que organismos internacionales han emitido alertas sobre la situación.
Esta situación se enmarca en un aumento de hostigamiento y persecución estatal hacia quienes defienden las libertades civiles y políticas en el país. Ejemplos recientes incluyen la detención de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona y otros activistas que continúan siendo privados de libertad sin un proceso judicial justo.
Además, en los últimos años, se han promulgado leyes que restringen el espacio cívico, como la Ley de Fiscalización, la Ley contra el Fascismo y Neofascismo y la Ley contra el Odio, que parecen destinadas a silenciar las voces críticas y obstaculizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones firmantes condenan estas acciones por parte de un Estado que, según su Constitución, debería ser democrático, de Derecho y justicia. Apoyan firmemente la labor de PROVEA y reiteran su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Este llamado a la solidaridad y el respeto por los derechos fundamentales es respaldado por más de 60 organizaciones y numerosos defensores individuales, reflejando un fuerte consenso en la comunidad internacional y nacional acerca de la necesidad de proteger y fomentar los derechos y libertades fundamentales en el país.
