En medio de un clima de represión y hostigamiento, las madres y familiares de presos políticos en Venezuela enfrentan una preocupante estrategia de intimidación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se han documentado amenazas directas que buscan silenciar a las familias, impidiendo que hablen con la prensa u organizaciones de derechos humanos. Se les advierte que el incumplimiento podría resultar en la suspensión de las visitas a los detenidos arbitrariamente o, incluso, en represalias que afecten sus procesos judiciales.
Las medidas incluyen prohibiciones estrictas de hablar con medios de comunicación o de utilizar redes sociales para denunciar abusos, torturas y desapariciones forzadas. Esta táctica es parte de una narrativa del régimen que acusan a las familias de formar parte de un «plan para desestabilizar el país» en preparación para el próximo 10 de enero, una fecha de importancia política.
Humberto Prado, director del OVP, ha destacado que el discurso del régimen busca desviar la atención de las violaciones de derechos humanos, presentando las críticas como ataques organizados por opositores. Asimismo, enfatizó que el miedo impuesto a los familiares no solo intenta evitar que las denuncias lleguen a la comunidad internacional, sino que también busca consolidar la narrativa oficial que presenta al régimen como víctima de una conspiración.
En este entorno, defensores de derechos humanos y periodistas también enfrentan intimidaciones y amenazas, lo que contraviene la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, que exige a los Estados proteger su trabajo.
Un caso emblemático de hostigamiento es el de Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, citada a declarar en la División de Investigaciones contra Terrorismo del Cicpc. Andreina, quien es periodista y activista, representa un ejemplo de los riesgos que corren los familiares al denunciar violaciones de derechos humanos.
Además, la reciente muerte de Jesús Rafael Álvarez, detenido como preso político, ilustra las trágicas consecuencias de esta represión. Su familia solo fue notificada de su muerte a través de redes sociales, y su entierro se realizó bajo circunstancias controladas y con acceso limitado a familiares.
El OVP ha exigido la libertad inmediata de todos los presos políticos, destacando las declaraciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han instado a proteger los derechos de civiles, incluidos los niños.
Esta situación resalta la importancia de que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios trabajen juntos para visibilizar estas prácticas y proteger a las familias que claman por justicia y transparencia.
