Un grupo de pensionados se congregó el pasado jueves frente a una sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Venezuela. El motivo de la manifestación fue expresar su descontento ante la falta de claridad sobre el pago correspondiente al 9 % que el Estado venezolano exige a los contribuyentes del sector privado, según la llamada «Ley de Protección al Pensionado», promulgada durante la campaña pasada a la elección presidencial.
Los manifestantes argumentaron sentirse «robados» debido a la ausencia de información sobre el destino de los fondos recaudados. Un adulto mayor, participante en la protesta, criticó duramente la situación al afirmar que lo que las autoridades han hecho es «robar». «No es la primera vez que le quitan lo que en derecho les pertenece a los seres humanos», denunció, resaltando que situaciones similares han ocurrido repetidamente.
Durante la manifestación pacífica, los pensionados hicieron un llamado a la vigilancia, instando a la comunidad a estar «muchas pilas con esta cuerda de ladrones». Según uno de los manifestantes, «necesitamos que nos ayuden porque nosotros somos a los que nos están robando», enfatizando la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en lugar de amparar a quienes actúan en detrimento de sus intereses.
El clamor de los pensionados incluye una solicitud de respuesta oportuna sobre la aplicación del tributo exigido por las autoridades desde mediados de 2024. «Yo quiero que me digan a dónde aparece eso», exigió uno de los presentes, buscando claridad sobre el uso de los fondos.
El chavismo, durante la promulgación de la ley, había prometido salvaguardar a los pensionados de «las medidas coercitivas unilaterales», en referencia a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, hasta el momento, no hay información pública sobre el destino del dinero recaudado por el Seniat, lo que ha incrementado la incertidumbre y el descontento entre los afectados.
La situación pone de relieve la necesidad de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades, a fin de garantizar los derechos de los pensionados y ofrecer una solución clara a sus demandas.
La Patilla
