Las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco han provocado la pérdida de al menos 140.000 hectáreas de bosque en la Amazonía venezolana, lo que ha desatado un ecocidio que afecta tanto a los ecosistemas como a los pueblos indígenas de la región.
Cristina Burelli, representante de la organización SOS Orinoco, ha destacado que la minería y la deforestación están amenazando las cuencas de los ríos, poniendo en riesgo las reservas hidrográficas. En una reciente entrevista con el programa Háblame bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, Burelli subrayó que en los estados Bolívar y Amazonas, las autoridades tienen la capacidad de impedir la acción de grupos irregulares que practican minería ilegal, pero no lo hacen.
Uno de los principales problemas es el uso continuado de mercurio por parte de los mineros ilegales, a pesar de ser un metal altamente peligroso. Este recurso, que para muchos está prohibido y es ineficaz para la separación de oro, sigue siendo popular en la región. Burelli también criticó que la Asamblea Nacional no ha conseguido publicar la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y de la Amazonía venezolana, aprobada en 2018. Este documento, según Burelli, parece «desaparecer» cada vez que se intenta su publicación, afectando tanto a representantes del gobierno como de la oposición, que no han comprendido su importancia.
La organización SOS Orinoco ha identificado en los últimos meses un agravamiento de la crisis socioambiental en la región, afectando gravemente la salud de las comunidades que habitan cerca de las minas. Se ha registrado un aumento de casos de malaria, así como un incremento de accidentes en las minas, donde algunos trabajadores han quedado sepultados.
Particularmente, los pueblos pemón y yanomami en los estados Bolívar y Amazonas, respectivamente, son los más afectados por el desplazamiento, la malaria y la violencia vinculada a la minería. El último informe de SOS Orinoco también advierte sobre los enfrentamientos entre bandas que compiten por el control de las minas, intensificando el clima de inseguridad en la zona.
Esta situación subraya la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger tanto los recursos naturales como a las comunidades indígenas en la región.
El Nacional
