El inicio del juicio por «terrorismo» contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue pospuesto por tercera vez, según información suministrada por la Agencia France-Presse (AFP). El tribunal encargado del caso decidió aplazar la audiencia, prevista para este lunes, aludiendo a las recientes medidas gubernamentales de «ahorro energético» implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro debido a una severa sequía.
El juicio ya había sido diferido en dos ocasiones anteriores por la «falta de traslado» de San Miguel al Palacio de Justicia de Caracas. En esta ocasión, la audiencia fue cancelada alrededor del mediodía. Funcionarios judiciales comunicaron a los familiares y abogados de la activista que, a raíz de la política de reducción del consumo eléctrico en oficinas públicas, el juicio no podría llevarse a cabo. La nueva fecha establecida para el proceso es el 26 de mayo, coincidiendo con el día posterior a las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela.
San Miguel, de 58 años y con doble nacionalidad venezolana y española, lleva 13 meses detenida bajo acusaciones de haber participado en un supuesto complot para asesinar a Nicolás Maduro. Actualmente, la activista se encuentra recluida en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia venezolano (Sebin), una instalación señalada por diversas organizaciones de derechos humanos como un centro donde se practican torturas.
La detención se produjo el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando Rocío San Miguel se disponía a abandonar el país junto con su hija, Miranda Díaz, de 25 años, quien fue liberada bajo régimen de libertad condicional. El excompañero de San Miguel, un militar retirado, también está detenido en relación con este caso.
Los abogados de San Miguel han denunciado que la activista sufre una lesión no tratada en el hombro a causa de una fractura. Además, recalcan que solo puede recibir visitas de su hija. Los defensores de confianza de San Miguel no han podido juramentarse como sus representantes legales, por lo que el caso está bajo la gestión de la defensoría pública, la cual es acusada de actuar en coordinación con la Fiscalía.
La situación de Rocío San Miguel sigue siendo un tema de preocupación para diversas organizaciones de derechos humanos, que exigen un tratamiento justo y respetuoso de sus derechos fundamentales.
AFP
