Un análisis reciente advierte sobre posibles riesgos asociados a la eventual designación de Miguel Rodríguez Torres en un alto cargo dentro de la estructura del Estado venezolano, en particular en áreas de seguridad o defensa. La alerta se centra en la necesidad de evaluar antecedentes y actuaciones previas de candidatos a puestos sensibles, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar la repetición de abusos.
De acuerdo con la información difundida, el Laboratorio de Paz ha manifestado preocupación por el historial de Rodríguez Torres durante su gestión como ministro de Interior en el contexto de las protestas de 2014 en Venezuela. En ese período se registraron fallecidos y violaciones de derechos humanos, hechos que organizaciones de la sociedad civil consideran relevantes para cualquier consideración futura sobre su incorporación a responsabilidades de alto nivel.
El planteamiento subraya que, ante la posibilidad de que personas con antecedentes controvertidos en materia de seguridad y orden público asuman cargos estratégicos, resulta indispensable revisar sus actuaciones pasadas. Según el análisis, esta revisión debería ser un criterio central en los procesos de selección para funciones vinculadas a seguridad y defensa, con el fin de fortalecer garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos.
La reflexión incluida en el informe apunta a que la designación de figuras con señalamientos previos podría generar riesgos institucionales y sociales, al reintroducir en posiciones de poder a responsables de decisiones cuestionadas en el manejo de protestas y del orden interno. Por ello, el documento insiste en la importancia de procedimientos rigurosos de evaluación de antecedentes, especialmente cuando se trata de cargos con impacto directo en la protección de la población y en el uso de la fuerza pública.
En este contexto, el Laboratorio de Paz enfatiza la necesidad de que cualquier eventual nombramiento en áreas de seguridad y defensa incorpore como criterio la garantía efectiva de los derechos humanos, la rendición de cuentas por hechos pasados y la prevención de que se repitan patrones de abuso documentados durante episodios de conflictividad social como los de 2014.
El Nacional.-
