Un total de 48 presos en el estado Lara, Venezuela, han iniciado desde este lunes una huelga de hambre como una «desesperada medida» de protesta contra el «hacinamiento» y el «retardo procesal» en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Esta acción ha sido comunicada por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien alertó sobre la gravedad de la situación.
A través de la red social X, la OVP detalló que los reos, además de protestar por las condiciones inhumanas, «exigen un plan de abordaje y traslado a recintos penitenciarios». La ONG subrayó que «esta medida extrema» refleja la desesperación de los internos y busca ejercer una presión sobre las autoridades para que tomen acciones concretas en respuesta a sus demandas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió sobre las «consecuencias graves y progresivas para la salud» que puede acarrear una huelga de hambre. Según la organización, este tipo de protesta puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales. La ONG alertó que, con el tiempo, los huelguistas pueden enfrentar problemas severos como daño en órganos, pérdida de masa muscular y complicaciones cardíacas «que pueden ser irreversibles».
La organización hizo un llamado urgente a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que atiendan la «crítica situación» de estos reclusos. Además, el observatorio ha notificado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de «visibilizar las violaciones que sufren los internos» y presionar para que se implementen medidas efectivas.
Este incidente se produce poco después de que, el pasado 22 de octubre, 27 militares presos en una cárcel del estado Miranda iniciaran una huelga de hambre en protesta por amenazas recibidas supuestamente de otros reclusos. Según informó el OVP, esa huelga fue levantada tras promesas de reubicación de presos civiles y mejoras en la alimentación del penal.
La situación en los centros de detención venezolanos sigue siendo motivo de preocupación, y organizaciones de derechos humanos continúan abogando por cambios urgentes en el sistema penitenciario del país.
