Desde finales de 2024, más de 1.500 personas han sido excarceladas en Venezuela tras ser detenidas durante manifestaciones poselectorales, acusadas de terrorismo. Entre los liberados, se encuentran adolescentes, mujeres y, en su mayoría, hombres que fueron encarcelados en los centros penitenciarios de Yare III, Tocuyito y Tocorón, ubicados en los estados de Miranda, Carabobo y Aragua.
A pesar de no contar con el derecho a una defensa privada, algunos lograron su liberación mediante el reclamo constante de sus familiares, quienes denunciaron detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos informes refuerzan la percepción de una violación sistemática de derechos humanos en el país.
Las excarcelaciones se llevaron a cabo bajo medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Los liberados deben presentarse mensualmente en los tribunales de terrorismo ubicados en Caracas, una exigencia que representa un gran reto económico para las familias, quienes deben desplazarse desde estados lejanos como Bolívar, Nueva Esparta, Portuguesa, Lara, Zulia, Táchira, Apure, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Mérida, Trujillo, Cojedes y Guárico. Estos viajes pueden ascender hasta los 200 dólares y se duplican en costos cuando se trata de menores de edad que deben viajar con sus representantes.
Una de las personas excarceladas expresó: “Ya no puedo gastar eso, compro comida o viajo”, reflejando el dilema que enfrentan muchos. Algunos excarcelados asisten a una audiencia y faltan a la siguiente para reducir costos, mientras que otros han dejado de presentarse o han decidido huid.
Las familias han manifestado su preocupación al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), subrayando que la carga económica es insostenible. Para cumplir con las exigencias judiciales, muchos han dormido en terminales o fuera de los tribunales para evitar gastos adicionales. Incluso, han presentado escritos y cartas de pobreza extrema solicitando consideración a los jueces.
Desde el OVP se ha hecho un llamado urgente al Poder Judicial para que considere la posibilidad de permitir la presentación telemática de los excarcelados desde tribunales locales, emulando las prácticas implementadas durante la pandemia por COVID-19. Según una de las denunciantes, “Estas presentaciones podrían realizarse por Internet, pues representan un gasto significativo que afecta nuestros bolsillos y solo nos trae estrés. Mes a mes debemos ver cómo resolvemos para conseguir el dinero del viaje”.
En conclusión, las medidas cautelares actuales perpetúan la violación de derechos humanos, conllevando a una doble condena y restricciones innecesarias que generan temor y vulnerabilidad entre los excarcelados, quienes deberían haber sido liberados sin restricciones.
