El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que desde 2015, un total de 22 presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado venezolano. Las muertes, según el informe titulado «Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramienta de tortura», se atribuyen principalmente a la falta de atención médica oportuna, diagnósticos errados y condiciones inhumanas de detención. De estos, tres fallecieron el año pasado en menos de un mes.
La organización expresó que las autoridades penitenciarias «esperan al último momento para atender al detenido», lo que resulta en la pérdida de vidas humanas. Además, el OVP informó que los cuerpos de los presos fallecidos fueron enterrados sin permitir la presencia de familiares y bajo estricta vigilancia de funcionarios estatales. Los allegados fueron presionados para evitar declaraciones públicas, lo que sugiere un intento de silenciar las denuncias de arbitrariedades.
Entre los 22 fallecidos, al menos cuatro fueron detenidos tras las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, resultado rechazado por la oposición y parte de la comunidad internacional.
El informe revela que antes de la ola de represión postelectoral, había alrededor de 300 presos políticos, cifra que aumentó a 2529 personas privadas de libertad por motivos políticos tras los anuncios del Ejecutivo Nacional.
Ante la situación descrita, el OVP ha solicitado la investigación «independiente, oportuna e imparcial» de las muertes bajo custodia, garantizando el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. El informe destaca que el encarcelamiento no debería convertirse en una sentencia de muerte por actos de conciencia.
El OVP también denunció que los presos políticos son sometidos a tratos degradantes y torturas, incluyendo la recepción de comida en mal estado y la negación de atención médica. Algunos detenidos han experimentado una pérdida significativa de peso y han sido privados de agua adecuada, generando problemas de salud.
Humberto Prado, director del OVP, comentó sobre casos específicos como los de Rocío San Miguel y Perkins Rocha, quienes no han sido evaluados por médicos de confianza. La negativa de atención médica, según Prado, no debe ser normalizada.
En la cárcel del Rodeo I, situada en el estado Miranda, se han reportado condiciones precarias desde que se reabrió en 2024 para trasladar a aproximadamente 45 presos políticos. Familiares y organizaciones han denunciado celdas sin ventilación, alimentación insuficiente y falta de contacto físico, lo que agrava el estado de salud de los detenidos.
El gobierno de Nicolás Maduro ha negado la existencia de presos políticos en Venezuela, argumentando que los encarcelados están acusados de delitos graves. Esta postura ha sido rechazada por múltiples ONG y grupos de oposición, quienes han documentado detenciones arbitrarias, tortura y criminalización de la protesta.
#InformeAnualOVP 149 muertos bajo custodia del Estado en 2024: el sistema penitenciario se consolida como herramienta de represión, tortura y muerte. https://t.co/NZfc1Yz7O9
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 21, 2025
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