El partido político Primero Justicia (PJ) denunció este miércoles el deterioro acelerado de las condiciones de vida de los adultos mayores en Venezuela, quienes, según la organización, se ven obligados a reincorporarse al trabajo informal para sobrevivir ante la insuficiencia de sus pensiones y la precariedad generalizada.
La tolda aurinegra calificó la situación como una “crisis humanitaria silenciosa” que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales y afecta la dignidad de quienes contribuyeron a la construcción del país. PJ señaló que la pensión mensual de 130 bolívares, congelada desde 2022 y equivalente a 0,55 dólares, no permite cubrir ni una mínima parte de las necesidades básicas.
“El escenario causado por la desidia del régimen es pavoroso”, advirtió la organización, al describir que muchos adultos mayores no pueden comprar comida, medicinas ni cubrir sus necesidades esenciales, y que buena parte de ellos vive sola, enferma y sin apoyo.
Primero Justicia afirmó que miles de adultos mayores han tenido que abandonar su retiro para desempeñarse en trabajos informales y extenuantes. “La realidad que viven nuestros abuelos es de extrema precariedad. La insuficiencia de sus pensiones, la escasez de alimentos y medicinas, y una creciente soledad los ha obligado a un regreso forzado e indigno al mercado laboral. Los vemos trabajando en condiciones inhumanas: como mototaxistas nocturnos, personal de limpieza, vigilantes, o vendiendo café y chucherías en las calles”, señaló el partido.
La organización añadió que la exclusión digital y las limitaciones físicas propias de la edad impiden a los adultos mayores acceder a trámites esenciales o ingresar al mercado laboral formal, lo que, según su denuncia, profundiza la vulnerabilidad de este sector de la población.
Como parte de su argumentación, PJ citó cifras de la Asociación Civil Convite que, de acuerdo con el partido, evidencian la magnitud del problema: en Venezuela hay 3,6 millones de personas mayores de 60 años, mientras que entre 500.000 y 600.000 adultos mayores viven solos, situación que se ve agravada por la migración forzada de sus familiares.
El partido subrayó que esta realidad constituye una violación directa de la Constitución venezolana. Recordó que el artículo 80 establece que el Estado debe garantizar a los ancianos el respeto a su dignidad, atención integral y pensiones no inferiores al salario mínimo urbano. Asimismo, señaló que el artículo 86 consagra el derecho universal a la seguridad social, sin exclusiones por falta de capacidad contributiva.
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