En un contundente pronunciamiento, el partido Primero Justicia ha rechazado enérgicamente la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, ocurrida la tarde de este martes 01 de octubre. Ramírez Colina, junto con otros funcionarios de la Alcaldía, fue apresado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mientras se encontraba en funciones inherentes a su cargo. El lugar de detención es la sede local del SEBIN en la capital del estado Zulia.
La organización política expresó su absoluta desconocida sobre los detalles que rodean las condiciones y las razones que motivaron este procedimiento, el cual calificaron de violatorio de los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El enérgico comunicado también destaca el destacado desempeño de Ramírez Colina desde que fue electo alcalde el 21 de noviembre de 2021.
Rafael Ramírez Colina ha sido una figura central en la transformación de Maracaibo. Su gestión ha estado marcada por la dedicación a construir soluciones, sembrar esperanza y garantizar asistencia a cada una de las 18 parroquias que conforman la ciudad. El trabajo y dedicación del alcalde ha sido reconocido por los ciudadanos, quienes aprecian su esfuerzo por recuperar el espíritu y el orgullo del gentilicio marabino, después de años de crisis nacional que afectaron severamente a la ciudad.
Con un enfoque en la transparencia y el acompañamiento constante a la comunidad, Rafael Ramírez Colina ha hecho notables esfuerzos por mejorar la calidad de vida en Maracaibo. Es por ello que Primero Justicia considera que no existe justificación alguna para su detención ni la de los otros funcionarios: Pedro Guanipa, Margarita Assenza y David Barroso.
La organización hizo un llamado al respeto a la voluntad popular que eligió a Ramírez Colina y exigió su inmediata liberación, así como la de los demás funcionarios detenidos. Primero Justicia también solicitó el cese de la persecución política y el respeto a los derechos humanos de cada venezolano.
En un país donde la crisis institucional afecta profundamente el funcionamiento democrático, la detención de un alcalde en ejercicio representa un golpe a los principios fundamentales de la justicia y el estado de derecho. La comunidad de Maracaibo y sus representantes exigen respuestas y acciones inmediatas para restaurar la normalidad y la confianza en las instituciones.
