La situación de Josnars Baduel, preso político recluido en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, ha generado preocupación debido a las restricciones impuestas a sus visitas. Andreína Baduel, hermana del detenido, denunció que desde hace cuatro semanas se le impide ver a su familiar. La queja se agrava con la negativa de las autoridades a recibir los medicamentos necesarios para el tratamiento de Baduel, quien padece una afección pulmonar crónica, secuela de presuntas torturas, y es asmático.
Andreína Baduel expresó su preocupación por la integridad física de su hermano y responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro por cualquier situación adversa que pueda ocurrirle. Según su testimonio, las visitas anteriormente eran permitidas una vez por semana, a través de un vidrio y por solo 15 minutos. Ahora, las restricciones se han intensificado, lo que ha llevado a su denuncia pública a través de la red social X.
Las limitaciones en las visitas no son casos aislados. Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones las condiciones inadecuadas dentro de El Rodeo I. La falta de acceso a agua potable y la alimentación deficiente han sido destacados por otras familias afectadas, como Hiowanka Ávila, quien informó sobre cuadros de diarrea persistentes y problemas de salud adicionales entre los reclusos.
El malestar ha motivado el uso de la etiqueta #YoApoyoLaRuta en redes sociales por parte de organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). Exigen la liberación de los presos políticos y el cese de las desapariciones forzadas en Venezuela.
La organización no gubernamental Foro Penal ha documentado la detención de 1.061 personas por motivos políticos en Venezuela hasta el 17 de febrero, de las cuales 121 son mujeres, 4 son adolescentes y 165 son militares. Desde 2014, Foro Penal ha contabilizado 18.295 detenciones políticas, señalando que más de 9.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas sin justificación legal clara.
La situación de los presos políticos, incluidos líderes políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y civiles, sigue siendo un tema de preocupación creciente para las organizaciones de derechos humanos, que continúan abogando por su liberación y el respeto a los derechos fundamentales.
Las denuncias sobre las condiciones de detención y el trato a los presos políticos en Venezuela han generado una creciente presión internacional y local, subrayando la necesidad de revisión y reforma del sistema carcelario del país. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan llamando a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y asegurar condiciones dignas para todos los detenidos.
