A través de su cuenta en la red social X, la organización Provea emitió una contundente advertencia sobre la práctica de desapariciones forzadas en Venezuela, recordando que se trata de una de las violaciones más graves a los derechos humanos y que el silencio institucional no puede ser una opción.
“Una desaparición forzada ocurre cuando funcionarios policiales, militares o civiles que actúan con autorización del Estado detienen a una persona y niegan su paradero o situación”, explicó Provea, subrayando que esta práctica priva a la víctima de protección legal, la aísla de sus familiares y la expone a tortura, tratos crueles o incluso ejecución extrajudicial.
La organización exhortó a la ciudadanía a actuar rápidamente si una persona detenida desaparece, asumiendo desde el primer momento que podría tratarse de una desaparición forzada. Provea detalló una guía de cinco pasos para responder ante estas situaciones: organizar recorridos por sedes policiales y militares, documentar todo lo observado, dejar constancia por escrito de las respuestas recibidas, verificar la presentación judicial del detenido ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, y finalmente, denunciar públicamente en redes sociales, incluyendo fotografías y etiquetas a medios y organizaciones de DDHH.
Provea también recordó que en el país existe un patrón documentado de desapariciones forzadas, en especial durante protestas y en contextos de persecución política, con un repunte tras operativos como la “Furia Bolivariana” y la “Operación Tun Tun”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que estas prácticas pueden constituir terrorismo de Estado, con la intención de infundir miedo y silenciar a los disidentes. En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación en curso en el caso Venezuela I, en el que se incluye la desaparición forzada como posible crimen de lesa humanidad.
Según cifras citadas por Provea, más de 1.700 personas han denunciado torturas y más de 9.000 han sido sometidas a tratos crueles bajo el actual gobierno. La organización denunció que desaparecer, aislar e incomunicar a una persona detenida viola sus derechos fundamentales y las Reglas Mandela sobre el trato a personas privadas de libertad.
Finalmente, Provea agradeció a los defensores de derechos humanos que alzan su voz en esta causa, como el activista Luis Carlos, y reiteró: «El silencio no protege a las víctimas. No normalicemos que una persona desaparezca en manos de las autoridades».
Espiga Noticias