La ONG Provea ha denunciado a través de sus redes sociales la muerte de Andrés Bravo Pariaguán, un joven de 24 años que se encontraba bajo custodia del régimen chavista en el centro penitenciario Rodeo II. Bravo había estado detenido desde 2021 sin que se iniciara un juicio en su contra.
En colaboración con Surgentes, una organización que acompañaba el caso de Bravo, se alertó sobre las condiciones de su arresto. Bravo fue detenido de manera arbitraria durante el operativo Gran Cacique Guaicaipuro, permaneciendo privado de libertad durante cuatro años sin garantías procesales ni atención médica adecuada. Surgentes informó que la detención se produjo sin orden judicial ni en flagrancia, y que desde el inicio se vulneraron sus derechos al debido proceso.
Manipulación de actas y la falta de inicio de su juicio, a pesar de que la ley establece un máximo de tres años para la prisión preventiva, fueron parte de las irregularidades señaladas. En junio de 2024, la jueza a cargo del caso fue destituida, lo que, legalmente, debió haber reiniciado el proceso judicial, algo que no ocurrió.
Durante su detención, Bravo contrajo tuberculosis y una infección en el sistema nervioso central. Fue trasladado a un hospital en estado semiconsciente y, lamentablemente, falleció el 20 de julio de 2025.
La muerte de Bravo, según las organizaciones no gubernamentales, es vista como una consecuencia directa de las condiciones inhumanas en los centros penitenciarios venezolanos y de la negligencia del Estado, que desatendió las reiteradas alertas sobre su delicado estado de salud.
Nueva víctima del sistema penal en Venezuela.
— PROVEA (@_Provea) July 21, 2025
Andrés Bravo Pariaguán, de 24 años, falleció el domingo #20Jul.
Estaba bajo custodia del Estado, que lo mantenía detenido arbitrariamente y sin juicio en Rodeo II desde hacía 4 años, alerta @SurgentesDDHH. https://t.co/NCS6iIGRGB pic.twitter.com/wgteTUtkTq
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