El lunes 29 de julio de 2024, miles de habitantes de las comunidades más empobrecidas de Venezuela salieron a las calles para exigir respeto a la voluntad popular, en un contexto marcado por unos comicios electorales considerados fraudulentos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro sin el respaldo de testigos de la oposición y sin proporcionar acceso a las actas de escrutinio, lo que desencadenó una ola de protestas que duró cuatro días.
Las manifestaciones, centradas en Caracas y otras ciudades, fueron severamente reprimidas por agentes de seguridad y grupos paramilitares conocidos como «colectivos», resultando en al menos 24 muertes. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó 915 protestas entre el 29 y 30 de julio, en medio de un aumento alarmante de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.
El uso desproporcionado de la fuerza, con la implicación de fuerzas de seguridad y grupos armados en la represión de manifestantes pacíficos, ha sido ampliamente documentado. Estas acciones se desarrollan en un contexto de hostigamiento hacia dirigentes opositores, con detenciones arbitrarias y la negativa de las autoridades a garantizar un proceso electoral justo. Las muertes de los manifestantes, en su mayoría hombres jóvenes y adultos, reflejan un incremento preocupante en la letalidad durante las protestas.
En 2019, el 65,57% de los asesinatos registrados en protestas ocurrieron en barrios pobres de distintas ciudades del país. En 2024, la cifra ascendió levemente al 66,6%, lo que lamentablemente confirma lo que afirmamos en 2019: las próximas revueltas serán protagonizadas por los más pobres, quienes están enfrentando una grosera exclusión y están sometidos, como nunca antes, a los abusos descontrolados de quienes tienen el poder.
Provea expresa su seria preocupación por la posibilidad de que continúen los operativos policiales en comunidades vulnerables como método de represalia. El escenario actual augura un deterioro mayor de la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde la represión y el descontento social convergen en un contexto crítico.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos son llamados a tomar acciones inmediatas para prevenir más violaciones y promover la restauración de un espacio cívico que permita la libre expresión de la población, vital para el futuro democrático del país.
Informe Especial | Gobierno de Maduro rompe cifras históricas de represión en Venezuela
— PROVEA (@_Provea) August 24, 2024
📢 En 2019, el 65,57% de los asesinatos registrados en protestas ocurrieron en barrios pobres de distintas ciudades del país.
📢 En 2024, la cifra ascendió levemente a un 66,6%, pero… pic.twitter.com/w8cy5f92MU